Así lo indicó en una intervención radiofónica el ministro de Seguridad Nacional, Edmund Dillon, en la que explicó que la cifra está compuesta por 35 hombres -entre ellos un abogado, un doctor, un ingeniero, un boxeador y un salvavidas-, y el resto son familiares de cada uno de ellos.

Dillon explicó que en la actualidad el EI "no representa una amenaza para Trinidad y Tobago" y que no hay ley alguna que prohíba regresar a su país de origen a los ciudadanos trinitenses que se han unido al grupo terrorista.

Aseguró que es consciente de la existencia de leyes que vetan el regreso de terroristas combatientes en el extranjero, por lo que el Gobierno buscará trabajar con sus aliados para enjuiciar a los que hayan cometido crímenes internacionales.

Aún así, insistió en que "por el momento siguen siendo ciudadanos de Trinidad y Tobago".

Por su parte, el exministro de Seguridad Nacional Gary Griffith y el exdirector del Centro Nacional de Operaciones Garvin Heerah se han unido al llamado de varios expertos locales que abogan por la creación de leyes que prohíban el regreso de trinitenses combatientes del EI.

El fiscal general, Faris Al-Rawi, confirmó hoy que el Gobierno colabora con agencias internacionales para vigilar a quienes salieron de Trinidad y Tobago hacia Siria y Turquía con el objetivo de unirse al EI.

"Vamos a aplicar las leyes antiterroristas existentes para el seguimiento y vigilancia de los presuntos combatientes terroristas en el extranjero procedentes de Trinidad y Tobago, y específicamente los casos relacionados con el potencial regreso de esas personas", dijo en un programa radiofónico.

El último censo de Trinidad y Tobago indica que cerca del 5 % de los 1,3 millones de sus habitantes profesa la fe musulmana.