LA HAYA, Países Bajos. El máximo tribunal de las Naciones Unidas ordenó el viernes a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, pero no llegó a decretar un alto el fuego en el enclave. Aunque es poco probable que Israel acate la orden, ésta aumentará la presión sobre el país, cada vez más aislado.

Las críticas a la conducta de Israel en la guerra de Gaza han ido en aumento, sobre todo desde que se centró en Rafah. Sólo esta semana, tres países europeos anunciaron que reconocerían un Estado palestino, y el fiscal jefe de otro tribunal internacional solicitó órdenes de detención contra dirigentes israelíes, junto con funcionarios de Hamás.

El Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también está sometido a cierta presión en su país para que ponga fin a la guerra, que se desencadenó cuando militantes dirigidos por Hamás irrumpieron en Israel, matando a 1,200 personas, la mayoría civiles, y tomando como rehenes a unas 250 personas. Miles de israelíes se han unido a manifestaciones semanales para pedir al gobierno que llegue a un acuerdo para traer a los rehenes a casa, temiendo que el tiempo se agote.

“Las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya son falsas, escandalosas y moralmente repugnantes”, declaró el gobierno de Netanyahu en respuesta a la sentencia, manteniendo su postura de que el ejército no ha atacado ni atacará a civiles.

Sudáfrica pudo presentar su demanda porque tanto ella como Israel son signatarios de la Convención de la ONU contra el Genocidio, que incluye una cláusula que permite al tribunal resolver disputas al respecto.

Aunque la sentencia supone un duro golpe para la posición internacional de Israel, el Tribunal no dispone de fuerzas policiales para hacer cumplir sus órdenes. En otro caso, Rusia ha ignorado la orden del Tribunal de 2022 de detener su invasión a gran escala en Ucrania.

La decisión, muy centrada, envió un triple mensaje a Israel, ordenando el cese de la ofensiva de Rafah, el acceso a Gaza de los investigadores de crímenes de guerra y un gran e inmediato aumento de la ayuda humanitaria a la región, partes de la cual sufren hambruna.

Rafah se encuentra en el extremo sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto, y más de un millón de personas han buscado refugio allí en los últimos meses, huyendo de los combates en otros lugares. Israel lleva meses prometiendo invadir Rafah, alegando que es el último bastión importante de Hamás, incluso cuando varios aliados advirtieron de que un asalto total supondría un desastre.

Israel empezó a emitir órdenes de desalojo hace unas dos semanas, cuando inició sus operaciones en las afueras de la ciudad. Desde entonces, según el ejército, alrededor de un millón de personas han abandonado la ciudad a medida que las fuerzas se adentraban en ella.

Rafah también alberga un paso crítico para la ayuda, y la ONU afirma que el flujo de ayuda que llega hasta allí se ha desplomado desde que comenzó la incursión, aunque los camiones comerciales han seguido entrando en Gaza.

El tribunal ordenó a Israel que mantuviera abierto el paso fronterizo de Rafah, afirmando que “la situación humanitaria debe calificarse ahora de desastrosa”.

“Esta sentencia jurídicamente vinculante y muy específica deja a Israel con muy poco margen de maniobra”, declaró Reed Brody, veterano abogado de derechos humanos y fiscal.

Benny Gantz, popular miembro centrista del gabinete de guerra de Netanyahu, pareció indicar que Israel no cambiaría de rumbo respecto a Rafah.

“El Estado de Israel se compromete a seguir luchando para devolver a sus rehenes y prometer la seguridad de sus ciudadanos, donde y cuando sea necesario, incluso en Rafah”, dijo.

“Seguiremos operando de acuerdo con el derecho internacional dondequiera que operemos, salvaguardando en la mayor medida posible a la población civil. No por la CIJ, sino por lo que somos y por los valores que defendemos”.

Balkees Jarrah, director adjunto de Justicia Internacional de Human Rights Watch, dijo que la orden del tribunal ponía de relieve la peligrosa situación de los palestinos en Gaza, pero advirtió de que podría ser ignorada si la comunidad internacional no utiliza toda la influencia que pueda sobre Israel.

“La decisión de la CIJ abre la posibilidad de un alivio, pero sólo si los gobiernos utilizan su influencia, incluso mediante embargos de armas y sanciones selectivas, para presionar a Israel para que aplique urgentemente las medidas del tribunal”, afirmó Jarrah.

El presidente del tribunal, Nawaf Salam, leyó la sentencia mientras un pequeño grupo de manifestantes propalestinos se manifestaba en el exterior.

Los temores que el tribunal expresó a principios de este año sobre una operación en Rafah se han “materializado”, dice el fallo, e Israel debe “detener inmediatamente su ofensiva militar” en la ciudad y cualquier otra cosa que pueda dar lugar a condiciones que puedan causar la “destrucción física total o parcial” de los palestinos allí.

Sin embargo, la sentencia no pedía un alto el fuego total en toda Gaza, como solicitó la semana pasada Sudáfrica, que mantiene lazos históricos con el pueblo palestino y presentó el caso.

La ministra sudafricana de Asuntos Exteriores, Naledi Pandor, declaró que la denuncia de que se está cometiendo un genocidio es “cada día más fuerte”.

“Estamos realmente satisfechos de que el tribunal haya considerado muy seriamente los asuntos que le planteamos y haya afirmado que es necesaria una decisión urgente del tribunal para detener esta embestida contra el inocente pueblo palestino”, declaró a la emisora estatal sudafricana SABC, añadiendo que ahora corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU determinar cómo proteger a los palestinos.

La petición de alto el fuego forma parte de una causa en la que se acusa a Israel de cometer genocidio durante su campaña en Gaza. Israel niega vehementemente las acusaciones. El caso tardará años en resolverse, pero Sudáfrica quiere que se dicten órdenes provisionales para proteger a los palestinos mientras continúan las disputas legales.

El tribunal dictaminó el viernes que Israel debe garantizar el acceso a cualquier misión de investigación enviada por la ONU para investigar las acusaciones de genocidio.

En las audiencias públicas celebradas la semana pasada en la Corte Internacional de Justicia, la embajadora de Sudáfrica en los Países Bajos, Vusimuzi Madonsela, instó al grupo de 15 jueces internacionales a ordenar a Israel la “retirada total e incondicional” de la Franja de Gaza.

El tribunal ya ha determinado que las operaciones militares de Israel suponen un “riesgo real e inminente” para el pueblo palestino.

La ofensiva israelí ha matado a más de 35,000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles. La operación ha arrasado barrios enteros, ha hecho huir de sus hogares a cientos de miles de personas y ha sumido a partes del territorio en la hambruna.

“Esta puede ser la última oportunidad para que el tribunal actúe”, dijo la semana pasada a los jueces la abogada irlandesa Blinne Ní Ghrálaigh, que forma parte del equipo jurídico de Sudáfrica.

En enero, los jueces de la CIJ ordenaron a Israel que hiciera todo lo posible para evitar la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio en Gaza, pero el tribunal no llegó a ordenar el fin de la ofensiva militar. En una segunda orden de marzo, el tribunal declaró que Israel debía tomar medidas para mejorar la situación humanitaria.

La CIJ resuelve litigios entre naciones. A pocos kilómetros de distancia, la Corte Penal Internacional presenta cargos contra las personas que considera más responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

El lunes, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que ha pedido a los jueces de la CPI que aprueben órdenes de detención contra Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y tres altos dirigentes de Hamás -Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh- por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza e Israel.