El Tribunal de Estrasburgo examina este miércoles dos demandas contra Suiza y Francia que plantean una cuestión sobre la responsabilidad jurídica de las autoridades públicas por su supuesta inacción ante las amenazas concretas del cambio climático para la población.

La primera de estas audiencias, ante la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), comenzó a las 9.15 hora local (7.15 GMT) para la presentación de los argumentos de la denuncia de Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, una asociación de mujeres de edad avanzada (un tercio tiene más de 75 años) inquieta por las consecuencias para su salud de futuras olas de calor.

La asociación la formalizó el 26 de noviembre de 2020 después de que la Justicia helvética hubiera rechazado el procedimiento interno que había lanzado para exigir a las autoridades acciones contra el cambio climático, y en particular que se tomaran todas las medidas necesarias antes de 2030 para alcanzar los objetivos de los Acuerdos de París de 2015 de limitar el calentamiento global.

Ante el TEDH, alega que el Estado suizo ha violado, al no haber adoptado medidas adecuadas y suficientes, sus deberes con respecto a varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en particular el referido a la protección efectiva de la vida, si se tienen en cuenta los principios de precaución y de equidad entre generaciones contenidos en el derecho internacional.

También se queja de que los tribunales suizos no respondieron de forma seria a sus demandas y tomaron decisiones arbitrarias al descartar completamente el argumento de que sus miembros sufrían una vulnerabilidad particular frente a las canículas, que se prevén más frecuentes y más agudas.

El segundo caso contra Francia, programado a partir de las 14.15 (12.15 GMT), resulta de la demanda presentada ante el Tribunal de Estrasburgo por el que fue durante más de 18 años el alcalde de Grande Synthe, una ciudad costera bañada por las aguas del Canal de la Mancha, el ecologista Damien Carême, que como tal, y a título personal, había lanzado la iniciativa.

Carême reclamó en noviembre de 2018 al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su Gobierno que tomara todas las medidas necesarias para reducir las emisiones causantes de efecto invernadero para cumplir con los compromisos asumidos por el país y para adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

En enero de 2019 llevó sus exigencias al Consejo de Estado, que por su parte instó al Gobierno a que tomara medidas para conseguir una reducción del 40 % de esas emisiones en el horizonte de 2030, y que lo hiciera antes del 31 de marzo de 2022.

Para el antiguo alcalde de Grande Synthe (dejó de serlo en julio de 2019), el hecho de que no se hayan tomado medidas necesarias constituye una violación de los artículos del CEDH que protegen su derecho a la vida y a una vida privada y familiar normal.

Entre otras cosas porque eso aumenta los riesgos de que su domicilio se vea afectado por el cambio climático.

A los jueces europeos, que no tienen un plazo determinado para pronunciarse, se les plantea en primer lugar la cuestión de si estas dos demandas las presentan personas que pueden considerarse potencialmente concernidas de forma directa por una eventual violación de sus derechos.

Y sobre el fondo, si amparándose en el CEDH se puede reclamar una acción precisa. Es decir, si las autoridades están obligadas a poner en marcha una política concreta para cumplir con los objetivos internacionales asumidos en lo referido a las emisiones de gases de efecto invernadero.