Islamabad. Las autoridades talibanas ejecutaron este miércoles a un afgano condenado por matar a otro hombre, según un vocero, en la primera ejecución pública desde que los antiguos insurgentes tomaron el control del país el año pasado.

El anuncio subrayaba las intenciones de los nuevos gobernantes de mantener las duras normas introducidas desde que tomaron el país en agosto de 2021 y atenerse a su estricta interpretación de la ley islámica o sharía.

La ejecución ocurrió en la provincia occidental de Farah ante cientos de espectadores y muchos talibanes de alto rango, procedentes tanto de la capital, Kabul, como de esa provincia, según Zabihullah Mujahid, vocero principal del gobierno.

La decisión de imponer el castigo se “tomó con mucho cuidado”, dijo Mujahid, tras la autorización de tres de las cortes de mayor categoría del país y del líder supremo talibán, el mulá Haibatullah Akhundzada.

El hombre ejecutado, identificado como Tajmir, de la provincia de Herat, fue condenado por asesinar a otro hombre hace cinco años y robarle la motocicleta y el celular. La víctima fue identificada como Mustafa, de la provincia vecina de Farah. Muchos hombres afganos sólo utilizan un nombre.

Las fuerzas de seguridad habían detenido a Tajmir después de que la familia de la víctima le acusara del delito, señaló el vocero. El comunicado no aclaró cuándo se había producido la detención, aunque añadía que Tajmir habría confesado el crimen.

Durante el mandato anterior del Talibán a finales de 1990, el grupo celebró ejecuciones públicas, castigos físicos y lapidaciones de personas condenadas por crímenes en cortes talibanas.

Cuando recuperó el control del país en 2021, en las últimas semanas de la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN tras 20 años de guerra, el Talibán prometió en un principio ser más moderado y permitir derechos a mujeres y minorías.

En su lugar, restringieron sus derechos y libertades y prohibieron la educación de las niñas a partir de sexto grado. También han celebrado fustigamientos públicos en diferentes provincias para castigar a hombres y mujeres acusados de robo, adulterio o fugarse de su casa.

Los antiguos insurgentes han tenido problemas en su transición de los combates al gobierno, en medio de una crisis económica y sin reconocimiento oficial de la comunidad internacional.