Bogotá. Siete militares colombianos aceptaron el jueves una acusación de la Fiscalía General que los señala por el presunto abuso sexual contra una menor de edad de la comunidad indígena Emberá, en una zona del departamento de Risaralda, al centro-oeste del país.

El presidente Iván Duque repudió el hecho calificándolo como un acto “ruin”.

El ejército señaló en un comunicado de prensa emitido la víspera que el pasado lunes se tuvo conocimiento de la situación: un grupo de soldados pertenecientes al Batallón San Mateo, en la ciudad de Armenia, “estarían inmersos en un posible caso de abuso sexual al parecer con menor de edad perteneciente al Resguardo Indígena Envera Chami”.

Lo sucedido habría tenido lugar en una zona de la población de Pueblo Rico, departamento de Risaralda.

La menor fue llevada a un puesto de salud para su respectiva valoración medica, “donde se realizó la restitución de sus derechos y fue entregada a la Unidad de Infancia Adolescencia de esa zona”, señala la nota.

Los siete militares aceptaron haber abusado de la menor y fueron enviados a una guarnición militar por un juez para que los escuche este jueves.

En rueda de prensa en la ciudad de Cali, al occidente, el fiscal general Francisco Barbosa enfatizó que estos militares enfrentarán varios cargos por lo ocurrido, que generó indignación entre los colombianos.

“En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, dijo Barbosa.

“Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia. Por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Entre los cargos imputados está el del delito de acceso carnal abusivo con menor agravado. Seis de ellos en calidad de autor y uno en calidad de cómplice”, agregó.

Barbosa precisó que la pena que deberán cumplir iría de 16 a 30 años de prisión.

El presidente Duque calificó lo sucedido como “ruin” y enfatizó que “no vamos a tolerar ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando están involucrados uniformados, que enlodan el honor de las fuerzas militares con actos ruines como el denunciado en Pereira contra una niña indígena”.

Luis Fernando Arias, de la Organización Nacional Indígena Colombiana, dijo que las autoridades militares deberían entregar a la comunidad indígena a estos siete militares. “Una vez paguen su condena bajo nuestra propia legislación, sean juzgados por la justicia ordinaria”.