San Salvador. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señaló el jueves al presidente Nayib Bukele de “criminalizar” a tres periodistas al vincularlos con supuestas filtraciones de información de su exasesor de Seguridad Nacional Alejandro Muyshondt, detenido el miércoles.

“En un acto deliberado e irresponsable, el presidente señala a tres periodistas: Bryan Avelar, Héctor Silva Ávalos y a nuestro directivo de APES, Sergio Arauz, de haber recibido información confidencial dejando entrever que eso podría suponer un delito”, señaló la gremial en un comunicado.

La APES sostuvo que “el pronunciamiento del presidente funciona como una amenaza tácita a un eslabón imprescindible de la libertad de prensa: las fuentes de información”.

“Criminalizar a funcionarios y empleados públicos por sospechas de que han conversado con periodistas nos acerca más a sistemas de Gobierno totalitarios como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países donde el disenso se castiga con la cárcel”, apuntó la APES.

Señaló que “la prensa tiene como norma general la reserva de la identidad de sus fuentes de información y que un gobierno democrático está en la obligación de respetar dicho derecho”.

“Este tipo de señalamientos contra las y los periodistas son un paso más a la consolidación de un estado policial y dictatorial”, subrayó la APES.

Bukele afirmó el miércoles en redes sociales que “el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) descubrió que el señor Muyshondt actuaba como un doble agente desde 2019, habría trabajado para el expresidente Mauricio Funes”.

Según la publicación del mandatario, ambos “filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados” a tres periodistas, así como a “un Gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países (estos últimos, a manera de ‘caja fuerte’ en caso de ser descubiertos)”.

La Fiscalía confirmó la captura de Alejandro Muyshondt, quien fuera asesor de Seguridad Nacional del Gobierno, por supuestamente cometer varios delitos, entre estos la revelación de documentos secretos a favor del expresidente Funes (2009-2014) y “ayudar” a “evadir” a la Justicia.