Un grupo de habitantes del departamento de San Vicente protestaron y rechazaron este lunes la construcción de un “gigantesco” centro penal para supuestos miembros de pandillas capturados durante el régimen de excepción, implementado en El Salvador para combatir a las maras.

De acuerdo con reportes de la prensa local, habitantes del municipio de Tecoluca, en San Vicente y donde se supone está siendo levantada la estructura de la cárcel, señalaron que el proyecto traerá “graves” daños ambientales y sociales.

“Es un proyecto inconsulto, que no cuenta con la aprobación del municipio y que generará graves daños ambientales, sociales y productivos, como la contaminación de los ríos, quebradas y mantos acuíferos de los que subsisten las comunidades”, puntualizó Marina Díaz, representante de los habitantes, en un video difundido por el medio La Prensa Gráfica.

El presidente Nayib Bukele anunció el pasado 22 de junio en Twitter la construcción de un “gigantesco” centro penitenciario al que serán llevados los supuestos miembros de pandillas capturados durante el régimen de excepción.

El mandatario señaló, en ese momento, que el centro penitenciario estará “alejado de las ciudades, rodeado de cientos de manzanas de tierra propiedad del Estado, con cientos de miles de metros de construcción, varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, lo que hará imposible un escape”.

Los habitantes “responsabilizaron” al alcalde de Tecoluca, Nicolas Antonio García, y el partido Nuevas Ideas (NI), con mayoría en el Congreso, por “autorizar la construcción de dicha cárcel” y por “los daños que de (SE) causen”.

El pasado 22 de julio, Bukele señaló en Twitter que la “megacárcel tendrá espacio para 40,000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior”.

Esa es la única información que se conoce sobre dicho centro penal, ya que el Gobierno no ha informado cuánto es el monto y de dónde se está financiando la obra.

El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.