RIO DE JANEIRO  — Con su reputación de carnaval y vida de playa, Brasil puede parecer un bastión liberal. 

Pero la inquietud sobre el deterioro de la economía y la seguridad pública, además de una reacción contra el reciente avance en los derechos de los homosexuales, están impulsando un ascenso conservador que dará forma al próximo gobierno, independientemente de quién gane la presidencia.

En las elecciones generales celebradas a principios de este mes una mayor proporción de los escaños del Congreso Nacional de Brasil terminó en manos de diversas bancadas conservadoras, que ahora controlan casi el 60% de los 513 asientos de la cámara baja. Estas incluyen a legisladores evangélicos que se oponen al matrimonio gay o al acceso al aborto; a los "ruralistas", cuyas posiciones a favor de la agricultura los enfrentan a los ambientalistas y a los grupos indígenas; y una facción en favor de la aplicación de medidas policiales que exige una ofensiva muy estricta contra el crimen.

De cara a la segunda vuelta presidencial del 26 de octubre no hay duda de que esos conservadores apoyan en mayor medida al opositor de centro-derecha Aécio Neves por encima de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff. Pero también es claro que ninguno de los candidatos presidenciales es tan socialmente conservador como los grupos cada vez más poderosos del Congreso.

"Brasil es uno de los muy pocos países latinoamericanos donde el parlamento es más importante que el presidente en términos de poder global en el proceso de toma de decisiones", dijo Thiago de Aragao, un analista político de la consultora Arko Advice con sede en Brasilia. 

"El parlamento ganaría en una pulseada contra la presidencia... porque el arma principal del parlamento es simplemente cruzarse de brazos y no votar sobre asuntos de gran interés para el gobierno".

A pesar de su aspecto de liberalidad, Brasil es socialmente conservador, al igual que muchos países latinoamericanos predominantemente católicos. En recientes encuestas de opinión, por ejemplo, más del 80% de los brasileños dicen oponerse a relajar las restrictivas leyes sobre el aborto o a legalizar la marihuana al tiempo que poco más de la mitad está en contra del matrimonio gay.

Sin embargo, desde que Brasil regresó a la democracia en 1985, tanto los presidentes como el sistema judicial han hecho avanzar proyectos progresistas, ya sea por decreto o resoluciones, tales como la protección de enormes franjas de selva como reservas indígenas, un fallo de la Corte Suprema que permite uniones civiles entre personas del mismo sexo, y la creación de Bolsa Familia, un programa que entrega pagos mensuales en efectivo a las familias más pobres de Brasil.

Algunos predicen que las crecientes fuerzas conservadoras podrían revertir esos cambios.

La bancada evangélica vota al unísono sobre las cuestiones sociales controversiales y está dispuesta a bloquear proyectos presentados por la presidencia, pues sabe que representa un segmento creciente del electorado. Aunque los católicos aún son mayoría en Brasil, desde 1970 la proporción de los habitantes que profesan esa religión se ha reducido de más de 90% a 65%, mientras que los que se identifican como protestantes han crecido de 5 a 22%, según el Centro de Investigación Pew.

En el primer mandato de Rousseff, la bancada evangélica bloqueó su esfuerzo para promover la enseñanza de tolerancia a los homosexuales en las escuelas y logró que su legislador más abiertamente antigay, el diputado Marco Feliciano, fuera nombrado jefe de la comisión de derechos humanos, una medida que provocó la condena de Amnistía Internacional y otros grupos activistas. En las elecciones del 5 de octubre, Feliciano fue reelegido por su distrito de Sao Paulo con casi el doble de los votos que hace cuatro años.

La bancada "ruralista" también creció y ahora tiene cerca de 200 congresistas que apoyan su agenda. Estos legisladores mostraron su fuerza en 2012, al forzar que se relajaran las leyes de protección del medio ambiente, lo que según los críticos contribuyó a un salto del 29% en el número de hectáreas amazónicas deforestadas durante el último año.

Y aunque el bloque partidario de medidas policiales estrictas es pequeño con sólo unos 20 integrantes, ejerce influencia en asuntos de seguridad. Defiende la aplicación de códigos penales más estrictos para los delincuentes juveniles y desea bloquear la liberalización en la venta de drogas que se ha visto en países vecinos, incluso en momentos en que Brasil enfrenta el tener prisiones atestadas y años de esfuerzos fallidos para suprimir a poderosas pandillas de narcotraficantes.

Pero son los legisladores evangélicos los que están en el corazón del creciente conservadurismo del país, y han mostrado capacidad para que otros grupos respalden su objetivo principal: derrotar cualquier intento de legalizar el matrimonio entre homosexuales o de que avancen las protecciones a las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

Toni Reis, que encabeza el grupo activista Dignidade por los derechos de los gays, hizo notar que se requirió una decisión histórica de la Corte Suprema para legalizar las uniones civiles de personas del mismo sexo en 2011 luego de años de estancamiento del asunto en el Congreso. Ahora, dijo, los grupos por los derechos de los homosexuales no están enfocados en el matrimonio entre éstos, sino en hacer avanzar la legislación para convertir en delito la discriminación hacia los gays.

Dada la nueva realidad legislativa, Reis reconoció que será una batalla cuesta arriba.

"Vamos a tener que trabajar el doble de duro", afirmó.

Jean Wyllys, el primer congresista brasileño abiertamente gay, dijo que los legisladores progresistas no se darán por vencidos.

"No hay duda de que va a ser más difícil", dijo Wyllys, que representa al estado Río de Janeiro. "Pero también tengo mis aliados... somos una fuerza política capaz de bloquear sus proyectos legislativos (de los evangélicos)".

Pero el pastor evangélico más influyente de Brasil, Silas Malafaia, que hizo campaña en favor de varios políticos pentecostales, dijo que los conservadores no pretenden imponer posturas que no concuerden con las opiniones del electorado.

"Estoy en contra del matrimonio gay. Hagamos un referendo y que la sociedad decida", dijo Malafaia en una entrevista reciente. "Si la gente decide que desea que los abortos (sean legalizados), siempre estaré en contra de ello. Pero respetaré esas decisiones. No somos evangelistas de tendencia extremista que intentemos imponer nuestras opiniones con puño de hierro".