El proyecto de ley enviado al Legislativo por la presidenta chilena, Michelle Bachelet, y que plantea despenalizar el aborto en tres casos específicos es rechazado por sectores políticos y sociales de centro y de derecha, que hoy anticiparon su negativa a que sea aprobado en el parlamento.

El proyecto enviado el pasado sábado por Bachelet propone despenalizar el aborto en caso de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre.

Pero, a la iniciativa, una de las más emblemáticas promesas de campaña de la mandataria y que cuenta con un amplio respaldo ciudadano, se opone la derecha en bloque y también se han mostrado críticos representantes de la Democracia Cristiana (DC), partidos integrados en la coalición oficialista Nueva Mayoría.

"Vamos a votar en conciencia, la conciencia de cada legislador. Aquí no caben órdenes de partidos", dijo el fin de semana el presidente de la DC, Ignacio Walker, en referencia a la tramitación parlamentaria de la iniciativa.

La postura del líder democristiano molestó a Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, otra de las formaciones integradas en la Nueva Mayoría.

Tras recordar que la DC participó activamente en la elaboración del programa electoral que llevó por segunda vez a la Presidencia a la socialista Michelle Bachelet, Andrade puntualizó que "votar en conciencia significa cumplir los compromisos".

"Nosotros hicimos campaña con un programa que fue conocido previamente y en cuya redacción participaron todos", enfatizó.

En la derecha chilena el rechazo es aún más férreo, hasta el punto de que ven en el proyecto del Ejecutivo la intención oculta de legalizar el aborto libre.

El prosecretario general de Renovación Nacional, Felipe Cisternas, y el diputado de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente Gustavo Hasbún adelantaron que sus partidos votarán en contra en el Parlamento, donde la oficialista Nueva Mayoría cuenta con escaños suficientes, siempre y cuando la DC no se oponga en bloque.

El proyecto de ley contempla despenalizar el aborto en tres casos específicos y acotados. El primero es cuando la vida de la madre se encuentre en riesgo, el segundo es que el feto padezca de una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina.

Finalmente, el tercer supuesto se refiere a una violación sexual cuyo embarazo no sobrepase las 12 semanas de gestación (18 en caso de que la violada sea menor de edad).

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dijo al diario La Tercera que ninguno de los profesionales de la medicina que trabajan en la red de salud de esa institución practicarán interrupciones del embarazo, ni siquiera en estos tres supuestos si le ley finalmente es aprobada.

"En nuestra red de salud no se harán abortos; nuestros principios y valores más profundos no van a cambiar por un proyecto de ley", aseguró Sánchez, quien agregó que "si hay profesionales que están disponibles para realizar abortos, deberán irse a trabajar a otro lugar".

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, calificó de "destempladas" las declaraciones del rector de la Universidad Católica.

"No porque estemos en febrero (el mes de vacaciones por excelencia) tenemos que hacer declaraciones destempladas", dijo el jefe de gabinete.

"La invitación de la presidenta Bachelet es que tengamos un diálogo maduro, respetuoso, tolerante, que esto sea una debate a la altura de lo que el país pide. Ese debe ser el centro de la discusión", agregó Peñailillo.

El proyecto de ley establece la posibilidad de que los profesionales se acojan a la objeción de conciencia, pero fuentes del Gobierno recordaron hoy que este derecho se ejerce de manera individual, nunca de forma colectiva por una institución.

Pero "si la interrupción se hace necesaria de forma inmediata, el profesional de la salud no puede excusarse", señala el proyecto de ley.

La iniciativa del Gobierno cuenta con el apoyo del Colegio de Matronas y del Colegio Médico, cuyo presidente Enrique Paris, declaró hoy a radio Cooperativa que esta institución ve con buenos ojos la despenalización del aborto en caso de inviabilidad fetal y de riesgo de vida de la madre, si bien no tiene una opinión formada sobre que se practique en caso de violación.

El aborto está prohibido en Chile por una norma impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1989, poco antes de dejar el poder, al modificar el artículo 119 del Código Sanitario de Salud, que desde 1931 permitía en este país el aborto terapéutico.

Tras la modificación, el texto señala que "no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto".