San Salvador. Nayib Bukele asumirá el primero de junio un segundo mandato presidencial consecutivo en El Salvador, pese a la prohibición constitucional, con un amplio respaldo popular, algunas similitudes con gobernantes latinoamericanos del pasado y en momentos en que el Congreso se ha dado así mismo facultades para reformar la Constitución de manera exprés.

Para este nuevo período de cinco años (2024-2029) de Bukele, quien ganó bajo acusaciones opositoras de irregularidades en las elecciones del pasado febrero y gracias a un cambio de criterio de los magistrados de la Sala de lo Constitucional puestos por su partido, Nuevas Ideas (NI), los analistas prevén que se consolide un modelo de “control absoluto”.

Para el académico Óscar Picardo, director del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia, en este nuevo período también se podría consolidar un “modelo bastante autoritario” con pocos espacios para la democracia.

“Yo creo que se va a seguir consolidando el régimen, un modelo bastante autoritario de control absoluto, de un miedo generalizado, hay miedo en diversos sectores empresariales, universitarios (...) en opinar, en disentir”, opinó Picardo en una conversación con EFE, agregando que esto “no es saludable para la democracia”.

“Así está funcionando el país, nadie contradice, nadie critica, las críticas son aisladas y poco contundentes, y cualquier reacción que haya negativa al Gobierno puede tener consecuencias, sobre todo en los sectores empresariales”, apuntó.

Sobre el que algunos sectores llaman “modelo Bukele”, en relación a la forma de gobernar del mandatario y sus políticas de mano dura, dijo que “más que un modelo Bukele, es un modelo autoritario clásico que ha existido en el tiempo” y que “ya lo hemos vivido, por lo menos los que vivimos las dictaduras de los años 70 y 80″.

Bukele será investido presidente en momentos en que la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, se asignó facultades para reformar la Constitución de manera exprés, lo que juristas han señalado que viola las normas pétreas del texto constitucional.

Picardo aseguró que esto es “un tema que preocupa”, dado que “es difícil intuir qué es lo que va a pasar, si van a dejar la reelección indefinida o cualquier otra cosa insospechada”.

A su juicio, el país estaría entrando en “una etapa de debilitamiento económico”, dado que “no atrae inversión extranjera y gasta mucho, se endeuda mucho y eso puede ocasionar una crisis a mediano plazo”.

Al ser consultado sobre el contraste entre la popularidad de Bukele por los “logros” en seguridad, a pesar de las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos, y el reclamo por la economía, Picardo indicó que este último sería el único factor que podría debilitar la popularidad de Bukele.

“Lo ideológico, lo político, lo partidario han pasado a un segundo plano y creería que lo económico es el factor principal hoy por hoy para decidir el futuro”, señaló el académico y añadió que, “si el Gobierno no cuida eso, corre riesgo”.

A criterio del experto, cuya oficina ha realizado diversos estudios de opinión pública durante años, “la popularidad es volátil” y “el tema de seguridad ya está pasando a un segundo plano y ya está entrando el plano económico”.

Indicó que “la gente reconoce y valora muy bien como se resolvió el problema de la inseguridad, de las pandillas, que tenían prácticamente al país paralizado y eso cambió drásticamente”.

Sin embargo, sostuvo que “no se trabajó lo suficiente en la parte educativa, en la parte económica, como para ir avanzando y hacer una buena gestión gubernamental”.

Remarcó que en esta nueva administración deberían de estar “muy preocupados por garantizar una estabilidad económica para la gente, generar empleo” y “estamos así como en hilos, dependiendo de cosas muy delicadas”.

En marzo del año pasado el presidente Bukele contaba con el 91 % de aprobación de los salvadoreños por el trabajo realizado, de acuerdo con datos de una encuesta de opinión pública de la Unidad de Investigación Social del periódico local La Prensa Gráfica (LPG).

Según el análisis de dicha unidad, “la imagen del presidente no ha sido erosionada por sus acciones en contra de la gobernabilidad democrática (como ocultar información y buscar la reelección inmediata), la adopción de una medida impopular como el uso del bitcóin y el acercamiento que tuvieron dos de sus funcionarios con líderes de pandillas”.