La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este martes una “tregua nacional” a los manifestantes antigubernamentales para poder superar la crisis social y política que sacude al país y “entablar mesas de diálogo”, además de reiterar su llamado a la “paz y a la unidad”.

“Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y, mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos”, declaró Boluarte en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera del Perú (APEP).

Esto ocurre al mismo tiempo que Boluarte pidiera disculpas por la forma en la que se llevó a cabo el desalojo del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, donde acampaban cientos de personas que venían a la capital para participar en las marchas antigubernamentales, y cuya puerta fue derribada por una tanqueta policial el sábado pasado.

“El día 20 enero, se dio una solicitud a las autoridades por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En situación de flagrancia y según el protocolo de la Policía ingresaron en la universidad, quizás la forma no haya sido la adecuada y pido disculpas a los alumnos de San Marcos y alumnos que estaban en la universidad”, dijo la mandataria.

Destacó que no hubo heridos en el desalojo al campus y que los detenidos, 193 en total, fueron liberados al día siguiente.

La mandataria explicó que las autoridades estaban preocupadas por la vida y seguridad de los propios estudiantes que permanecían en el campus, porque “no se sabía quienes habían ingresado” en este y no se podía garantizar qué iba a pasar dentro de la universidad.

“Es por ello que la Policía Nacional de Perú (PNP) tuvo que intervenir en flagrancia, reitero mis disculpas porque la forma no fue la adecuada”, concluyó.

La Policía Nacional de Perú detuvo el sábado a 193 personas tras el desalojo del campus de la UNMSM de Lima, donde cientos de manifestantes venidos de todo el país acampaban desde el miércoles de la semana pasada para participar en las marchas antigubernamentales en la capital, informó un vocero del Ministerio Público.

Aproximadamente a las 9.30 de la mañana, hora local, la Policía echó abajo con una tanqueta la entrada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingresó al campus para desalojar a cientos de manifestantes, que más tarde fueron detenidos y trasladados a distintas instalaciones policiales.

Al día siguiente, 192 detenidos, entre estudiantes y manifestantes, fueron puestos en libertad, tras haber pasado la noche en dependencias policiales.

Por otro lado, Boluarte sostuvo que la Policía Nacional está actuando dentro de la ley y sus protocolos, al descartar que haya excesos en la represión de las manifestaciones de protesta que han dejado más de 60 fallecidos desde diciembre.

Esta afirmó afirmó que las autoridades actúan “dentro de la ley y la Constitución” y que “están saliendo a proteger a miles de peruanos y peruanas”.

“Las Fuerzas Armadas están detrás, no tienen contacto con las personas que están protestando”, agregó en referencia al apoyo que brindan los militares a raíz del estado de emergencia declarado en el país por las protestas.

La jefa de Estado dijo que en la ciudad de Andahuaylas, en el sureste del país, los alcaldes han recibido amenazas “de quemar sus casas o dañar a sus familias si no salen a la protesta”.

“¿Qué hacemos frente a estas amenazas, que los quemen vivos como al policía en Puno, dejamos que sigan incendiando como pasó en Lima y el caos campee en el Perú?”, expresó la mandataria en referencia a un agente que falleció en esa sureña región.

Boluarte subrayó que el Gobierno “no está generando violencia” y que, si está pidiendo una tregua, es porque quieren llevar ayuda a regiones como Madre de Dios que ha quedado desabastecida de combustibles y una serie de productos por los bloqueos de caminos.

“Nuestro deber es velar por la vida de 33 millones de peruanos. Las fuerzas policiales actuarán dentro del protocolo, la Constitución y la ley que los ampara”, afirmó la gobernante.

Desde que comenzaron en diciembre pasado, las movilizaciones se han cobrado la vida de más de 60 personas, 46 de ellas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.

A estas víctimas se suman nueve decesos en sucesos relacionados con los paros, según datos de la Defensoría del Pueblo, y una muerte más en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) la de un bebe nonato, cuya madre, embarazada de 7 meses, no llegó a tiempo a un hospital.