Presidenta de Perú es investigada por presunto plagio
Un examen del libro arrojó 55% de similitudes con otras obras que no se citan el texto.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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LIMA. La fiscalía peruana inició el miércoles una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el supuesto plagio de partes de un libro sobre la importancia de los derechos humanos y su relevancia internacional que escribió en coautoría hace casi dos décadas.
Esta es la segunda indagación fiscal que tiene la mandataria, quien también es investigada por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas en reclamo de su renuncia que dejaron más de 60 muertos entre diciembre y febrero.
Las investigaciones por presunto plagio no son inusuales en Perú. El antecesor de Boluarte, Pedro Castillo, también es investigado por supuestamente copiar parte de su tesis de maestría en Educación que escribió en coautoría con su esposa -la ex primera dama Lilia Paredes- y que fue presentada en 2012.
El fiscal Miguel Puicón dijo a la prensa local que la investigación se produce porque “estamos ante un hecho de acción pública”. Puicón ingresó a la Biblioteca Nacional en Lima para revisar un ejemplar del libro de 176 páginas titulado “El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario” escrito por Boluarte y otras siete personas y publicado en 2004.
Boluarte se ha mantenido en silencio hasta el momento.
La televisora local Latina indicó el fin de semana que el libro sobre derechos humanos escrito por la mandataria fue sometido al programa informático Turnitin y el examen arrojó 55% de similitudes con otros trabajos académicos que no fueron citados en el libro.
El plagio agravado es penado hasta con ocho años de cárcel en Perú.
Boluarte era vicepresidenta y reemplazó en diciembre a Castillo (2021-2022) luego de que el mandatario fue removido del cargo tras intentar disolver el Parlamento. En sus primeros meses de gobierno Boluarte afrontó una serie protestas que pedían su renuncia y que dejaron 49 civiles muertos por acción de las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo. Otros 11 civiles fallecieron en accidentes de tránsito o bloqueos de vías y siete uniformados también murieron.