Castries. Las guerras entre bandas criminales y la proliferación de armas ilegales han convertido la violencia en la preocupación más apremiante de los Gobiernos de los países del Caribe, donde los índices de asesinatos superan con creces el promedio mundial.

Como “una epidemia” definió esta lacra la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, quien urgió a “aumentar los recursos humanos y financieros, abordar las causas profundas del crimen y mitigar el impacto devastador de la violencia en las sociedades”.

Según el informe ‘Estudio de armas de fuego en el Caribe’ de 2023, la tasa de muertes violentas en los países de Caricom es casi tres veces el promedio mundial y, en más de la mitad de los homicidios, se utilizan armas de fuego.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

También el último estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) indicó que el Caribe ha experimentado “el aumento más espectacular de la violencia homicida en los últimos años, en gran parte debido a la intensa competencia entre bandas por los mercados de la droga”.

Jamaica ocupa el primer lugar del planeta en cuanto a víctimas de la violencia interpersonal letal, con un índice de 53.3 asesinatos por 100,000 habitantes, e incluso en países pequeños como Santa Lucía este alcanza 36.7, según los datos de ONUDD.

El ex primer ministro de Santa Lucía Allen Chastanet dijo a EFE que en la última década ha habido “un aumento significativo en los asesinatos, impulsados en gran medida por la violencia de las pandillas”.

“Nuestra Policía local no es capaz de afrontar estos problemas y no lo abordamos como un problema regional”, lamentó el ahora líder de la oposición en el Parlamento.

Jamaica, como un país “en guerra”

Según los datos de la Policía de Jamaica, 1,498 personas fueron asesinadas en 2022, mientras que a 16 de diciembre de 2023 la cifra de muertes violentes llegaba a 1,349.

“Jamaica no es un país que esté en guerra, pero nuestro índice de asesinatos, nuestras muertes por la violencia, equivale a los países que están en guerra”, afirmó el mes pasado el primer ministro Andrew Holness.

Con frecuencia, el Gobierno jamaicano declara para determinados distritos estados de emergencia pública, que otorgan más poderes a las fuerzas de seguridad. En noviembre pasado, se estableció esta medida de excepción en Saint James, escenario de una guerra entre pandillas y del asesinato ese mes de varios niños.

Otro de los países donde la violencia se ha exacerbado en los últimos tiempos es Trinidad y Tobago, donde el aumento anual del índice de homicidios fue del 22%, hasta 39,5 casos por 100,000 habitantes. En 2022, hubo más de 600 asesinatos, frente a los 352 de una década antes.

“Es una guerra que no nos podemos dar el lujo de perder”, apostilló el primer ministro trinitense, Keith Rowley, quien señaló que en los últimos 15 años la asignación a la vigilancia policial ha aumentado del 32 % del presupuesto de Seguridad Nacional al 43 %.

Lucha contra las armas ilegales procedentes de Estados Unidos

Según el ‘Estudio de armas de fuego en el Caribe’, el mercado interno de Estados Unidos es una fuente importante de armas de fuego y municiones ilícitas, que son transportadas al Caribe a través de aviones comerciales, servicios postales y de paquetería rápida y compañías de transporte marítimo.

El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, denunció este año que el 98.6% de todas las armas de fuego ilegales recuperadas en su país tienen su origen directo en Estados Unidos.

“Hemos pedido al Gobierno de Estados Unidos y a los fabricantes de armas con sede en Estados Unidos que cooperen con los estados miembros de Caricom”, afirmó Davis, que dirige un país donde la tasa de homicidios es de 31.2 por 100,000 habitantes.

Bahamas, junto a Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas, se unieron a México en una demanda por 10,000 millones de dólares contra varios fabricantes de armas de Estados Unidos a los que responsabilizan del daño causado en sus territorios por esa mercancía.

Al respecto, Chastanet dijo a EFE que está claro que los países del Caribe no han logrado por el momento reducir las armas ilegales que llegan de Estados Unidos.

En su opinión, las bandas criminales seguirán teniendo acceso a esas armas porque las fronteras de los países de la región “no están debidamente patrulladas”.