A más de una semana de iniciados los bloqueos en diferentes puntos estratégicos de Guatemala, el impacto económico y social es evidente. Este lunes 9 de octubre, comercios de la urbe capitalina, principalmente, permanecían cerrados. El país centroamericano atraviesa por una situación que también impacta en socios comerciales como El Salvador, cuyo abastecimiento procede, principalmente, de Guatemala.

El lunes 2 de octubre, grupos civiles, indígenas y estudiantiles organizados se lanzaron a las calles a manifestarse por medio de bloqueos a la libre circulación, en diferentes puntos estratégicos del interior de la república. La razón principal: exigir la renuncia de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana. A estos funcionarios encargados de la administración de la justicia se les responsabiliza de llevar a cabo acciones que obstaculizan “el normal proceso electoral, con el objetivo de favorecer la impunidad y la corrupción”.

Son actos que, en la generalidad, no tienen sustento jurídico ni son competencia del MP en la coyuntura actual, por lo que, de acuerdo con la población que ha salido a las calles a manifestarse en estos últimos días, el trasfondo del actuar de estos funcionarios es evitar que los candidatos electos en las elecciones generales, para dirigir los destinos del país en los próximos cuatro años, puedan asumir en sus cargos.

Según diferentes fuentes, las pérdidas económicas por cada día de bloqueo van desde los 15.5 millones de quetzales ($2 millones) hasta los 1,100 millones de quetzales ($140.3 millones), dependiendo del tipo de carga y cantidad que el transporte comercial traslada en cada paro por bloqueo. Situación que encarece costos derivado de los atrasos en las entregas y en contratos incumplidos, lo cual impacta a diversos sectores productivos como el agrícola, avícola, textil, farmacéutico, así como el combustible que se transporta para abastecer a las diferentes estaciones de servicio.

El pronunciamiento del sector privado es que el proceso electoral debe terminar con la certificación de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE); el binomio electo para los cargos de presidente y vicepresidente para el próximo periodo de cuatro años, deben de asumir el 14 de enero 2024.

Por lo tanto, hay que esperar que se lleve a cabo una transición en los tiempos constitucionales establecidos. Con lo anterior, el llamado de la cúpula empresarial es a que se respete el libre tránsito, ya que ese es un derecho ciudadano que está siendo afectado.

De igual manera, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana ha instado a las autoridades de gobierno a ejecutar el mandato resuelto por la Corte de Constitucionalidad, para despejar los puntos bloqueados, los cuales reitera son ilegales, pierden legitimidad y generan rechazo de la población.

“Durante los bloqueos continuos registrados, se han saturado las cadenas logísticas, afectando a la población, así como las importaciones y exportaciones entre otros. De igual manera, se conoce de intimidaciones a empresarios para que cierren los comercios”, señala un comunicado de la entidad.

De hecho, en El Salvador, el principal socio comercial de Guatemala a nivel Centroamericano, está resintiendo el desabastecimiento de hortalizas principalmente, ante la no llegada del transporte proveedor a dicho mercado.

Costos al alza a todo nivel

El movimiento popular, que exige la renuncia de los funcionarios referidos, afecta directamente el bolsillo de los guatemaltecos que se movilizan en el transporte público, cuya operación es irregular, inclusive detenida, por lo que surgen opciones improvisadas que cobran 300% hasta el 500% más por pasaje, ante cuya necesidad de traslado, se ven obligados a desembolsar o caminar largas distancias con el consecuente atraso en la llegada a sus labores.

A lo anterior se suma el encarecimiento y desabastecimiento en similares proporciones de los comestibles. De ahí, que los que encuentran papa, tengan que pagar hasta 15 quetzales ($1.91) por una libra, o 20 quetzales ($2.55) por un “manojo” de cebolla, como lo denuncian consumidores en diferentes instancias de negocios que aún tienen venta.