Puerto Príncipe, Haití. El fiscal general de Haití pidió el martes a un juez que acuse al primer ministro Ariel Henry del asesinato del presidente Jovenel Moïse y solicitó a las autoridades que le prohíban salir del país.

El fiscal Bed-Ford Claude presentó la orden el mismo día que le pidió a Henry reunirse con él para explicar por qué un sospechoso clave en el asesinato de Moïse lo llamó dos veces apenas unas pocas horas después del homicidio.

“Hay suficientes elementos comprometedores... para procesar a Henry y pedir su acusación directa”, escribió Claude en la orden judicial.

No fue posible contactar de momento a un representante de Henry para que hiciera comentarios.

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Claude dijo que las llamadas se hicieron a las 4:03 y a las 4:20 de la madrugada del 7 de julio, y añadió que las pruebas demuestran que el sospechoso, Joseph Badio, estaba en las inmediaciones de la casa de Moïse en ese momento.

Badio estuvo trabajando para el Ministerio de Justicia de Haití y en la unidad anticorrupción del gobierno hasta que fue despedido en mayo entre acusaciones de haber violado normas éticas no especificadas.

En el documento de dos páginas, Claude afirma que las llamadas duraron un total de siete minutos y que a esa hora Henry estaba en el Hotel Montana de Puerto Príncipe. También destacó que un funcionario del gobierno tuiteó el mes pasado que Henry le dijo que nunca había hablado con Badio.

El lunes, el ministro de Justicia, Rockfeller Vincent, ordenó al jefe de la Policía Nacional de Haití que reforzara la seguridad del fiscal Claude porque había recibido amenazas “importantes e inquietantes” en los últimos cinco días.

El juez del caso, Garry Orelien, está obligado a investigar sobre la base de la solicitud de Claude y tiene tres meses para determinar si los hechos del caso justifican alguna medida. Luego emitiría una ordenanza dictando lo que ocurra con el caso, explicó Brian Concannon, asesor del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití.

Robert Fatton, experto en política haitiana de la Universidad de Virginia, dijo que está claro que hay una lucha dentro del gobierno entre Henry y quienes apoyaron a Moïse.

“Tenemos una situación muy confusa, una lucha de poder en este momento, y veremos quién gana”, dijo. “No está claro hacia dónde vamos y no está claro qué piensa la comunidad internacional sobre todo esto”.

En los últimos días, la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, una especie de Defensoría del Pueblo, anunció que había tomado la decisión “objetiva y valiente” de exigir la dimisión de Henry y pidió que la comunidad internacional dejara de apoyarlo.

Henry no ha abordado específicamente el asunto en público, aunque durante una reunión con políticos y líderes de la sociedad civil el sábado dijo que está comprometido a ayudar a estabilizar Haití.

“Los verdaderos culpables, los autores intelectuales y coautores y patrocinadores del asesinato del presidente Jovenel Moïse serán encontrados y llevados ante la justicia y castigados por sus crímenes”, dijo Henry.

Más de 40 sospechosos han sido detenidos en el caso, entre ellos 18 exsoldados colombianos. Las autoridades siguen buscando a otros sospechosos, entre ellos Badio y un exsenador haitiano.

La investigación continúa a pesar de que los secretarios judiciales han tenido que esconderse, alegando que fueron amenazados de muerte si no cambiaban ciertos nombres y declaraciones en sus informes.

Además, un juez haitiano encargado de supervisar la investigación dimitió el mes pasado alegando motivos personales. Se fue después de que uno de sus asistentes muriera en circunstancias poco claras. Se ha asignado un nuevo juez.