La Paz. La Fiscalía de Bolivia acusó este martes por genocidio a la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) y pidió la pena de 30 años de prisión para ella, tres exministros y varios militares, por la muerte de diez personas en la planta de combustible de Senkata, en la cuidad de El Alto, durante la crisis política de 2019.

“La Comisión de Fiscales va a requerir la máxima pena, toda vez de que se acreditó la existencia del hecho a través de la prueba documental presentada junto a la acusación”, dijo el fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Sergio Fajardo.

El juicio oral contra los acusados comenzará el 2 de septiembre de manera virtual, de acuerdo con la notificación oficial del juzgado a cargo del caso.

El 19 de noviembre de 2019, militares y policías llegaron a la planta de YPFB Senkata y sus alrededores, donde manifestantes civiles protestaban tras la posesión de Áñez como presidenta transitoria de Bolivia días antes.

El informe de la Fiscalía señala que durante el operativo “se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de los manifestantes civiles desarmados”.

Áñez es la primera en la lista de los acusados junto a los exministros de Gobierno Arturo Murillo; de Defensa Luis Fernando López; de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, y otras 14 personas, entre ellas exjefes militares y policiales.

La exmandataria boliviana reaccionó en sus redes sociales tras la publicación de la acusación formal en su contra.

“Los sicarios del Gobierno Liz Avilés, Germán Ramos y Marco A Vargas, (miembros del) Tribunal 6º de La Paz, son los mismos que me someten a juicio ilegal en Patraña 3 (EBA) como en Patrañas 1 (terrorismo) y 2 (incumplimiento de deberes)”, publicó Áñez en X, en referencia a los otros tres procesos en su contra.

“Aplican la tortura blanca obedientes en maltratarme y violan la Constitución Política del Estado (CPE)”, añadió en la publicación.

El Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) afirman que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.

Morales anunció su renuncia el 10 de noviembre de 2019 y dijo que fue forzado por las Fuerzas Armadas, y al día siguiente salió del país.

Tras dos días de vacío de poder, el 12 de noviembre de ese año la entonces senadora opositora Áñez asumió como presidenta interina de Bolivia, tras la renuncia de todos los cargos en línea de sucesión.

La Fiscalía y el Gobierno consideraron que Áñez se proclamó presidenta vulnerando los reglamentos parlamentarios, y que esa responsabilidad debía caer sobre un legislador del MAS, mientras que la defensa de la exmandataria interina defendió que hubo un vacío de poder tras la renuncia de Morales.

En 2022 Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso, el ‘golpe de Estado II’, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019. En su contra pesan otros procesos que aún están en la etapa preparatoria.