Perú cree que podría aplicar ciertos métodos usados por Bukele contra la delincuencia
“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina”, aseveró la presidenta Dina Boluarte.
![El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. (EFE/ Rodrigo Sura)](https://www.primerahora.com/resizer/v2/HKLIXSMNRFDPHJABZQVZMQTBRA.jpg?auth=f49161b0a73348e8a10cc8426b58e0accccbea40383165408023561cd1337963&quality=75&width=2560&focal=1750%2C785)
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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Lima. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, indicó este martes que el país podría aplicar ciertos métodos para luchar contra la delincuencia utilizados por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.
“Se podría, ciertamente, se podría. Uno de ellos, aunque no sé si es el caso de El Salvador, nosotros hemos decidido enfrentar de manera decidida la migración ilegal internacional”, indicó Otárola, cuando medios de comunicación le preguntaron si Perú podría aplicar métodos llevados a cabo en el país centroamericano.
En este sentido, reiteró que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no quiere decir que todos los extranjeros cometan delitos, “pero sí hay un segmento muy pequeño y muy violento de extranjeros que han venido a delinquir”.
Y que, por eso, la presidenta en su mensaje a la nación del pasado 28 de julio afirmó que “el plazo para registrarse y para la amnistía otorgada para los ciudadanos extranjeros no se va a renovar”, indicó el primer ministro.
“El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad”, dijo al añadir que la lucha contra las pandillas organizadas en este país ha sido “eficiente”.
![La presidenta de Perú, Dina Boluarte.](https://www.primerahora.com/resizer/v2/IULWH2OKLVCQHFTFCCEOIJ2XKY.jpg?auth=882434d8827d17b2c12262b2f730d002506c4c91ad992ea4090cea1085e77083&quality=75&width=2560&smart=true)
Pero, afirmó que Perú tiene su propia política de seguridad pública y, en este sentido, recordó que el Ejecutivo ha pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar justamente la inseguridad ciudadana.
“Pretendemos modificar cerca de 50 normas para hacer a la Policía más eficiente y poder atender a los ciudadanos, sobre todo con lo que llamamos policías de a pie...El Gobierno de Boluarte quiere promover este tipo de Policía más cercana a la población, a las comunidades y a los barrios”, indicó.
También explicó que para hacer frente a la delincuencia han prolongado el estado de emergencia en las fronteras del país, para que la Policía tenga más presencia en la lucha contra el crimen organizado y declaró que les preocupa la zona del Putumayo, área amazónica fronteriza con Colombia, donde hay presencia de bandas organizadas colombianas.
Este lunes, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró que Perú podría tomar ejemplo de estrategias usadas por Bukele para reducir la delincuencia y homicidios.
“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, planteó en el Segundo Congreso Internacional de Flagrancia.
En el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como una estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, se han militarizado dos municipios -en el centro y norte del país- y tres comunidades de San Salvador.
Durante la medida de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales y que ha sido catalogada de violar derechos humanos, han sido capturadas más de 71,000 personas señaladas de ser pandilleros.
La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señaló recientemente que “es alarmante que el régimen de emergencia (excepción) se haya convertido en una política de seguridad ciudadana permanente y sin control” en El Salvador.
Recordó que organizaciones de la sociedad civil han documentado graves abusos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, procesos penales sin las garantías del debido proceso y aproximadamente 153 muertes bajo custodia estatal, según citó.