Parejas homosexuales lusas luchan por la adopción tras cinco años de bodas
Las asociaciones LGTB del país admiten que la actual normativa respecto a la adopción puede llegar a ser un elemento disuasorio para estos matrimonios.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 9 años.
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Lisboa.- Después de años peleando ante la justicia lusa para conseguirlo, Teresa Pires y Helena Paixão se dieron el "sí quiero" en Lisboa hace ya un lustro, convirtiéndose en el primer matrimonio homosexual de Portugal.
Desde entonces, desde junio de 2010, se han celebrado en el país más de 1,500 bodas entre personas del mismo sexo, según el Instituto Nacional de Estadística luso, cuyos datos solo incluyen los enlaces celebrados hasta el final de 2014.
Sin embargo, el colectivo no ha conseguido avanzar en esos cinco años respecto a su siguiente gran reto: la legislación lusa sobre adopción por parte de homosexuales.
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Las asociaciones LGTB del país admiten incluso que la actual normativa respecto a la adopción puede llegar a ser un elemento disuasorio para que parejas de gais o lesbianas se casen.
Desde la organización portuguesa Intervención Lésbica, Gay, Bisexual y Transgénero (ILGA) aseguran también que hay un desfase entre las leyes lusas, relativamente avanzadas, y un clima social de rechazo que provoca la invisibilidad de esta minoría en comparación con países vecinos como España.
Nuno Pinto, secretario de la ILGA lusa, subraya que más allá de los números el logro conseguido hace cinco años es que las parejas homosexuales tengan la opción de elegir si casarse o no.
No obstante, el número de uniones entre personas del mismo sexo en Portugal es pequeño, en torno a 300 bodas cada año, lo que Pinto vincula a la crisis económica del país, con la que el conjunto de enlaces ha disminuido en los últimos años.
En términos relativos, las bodas homosexuales representan también un porcentaje bajo: algo menos del 1 % del total.
Pinto reconoce que es posible que la actual situación de la adopción por parejas del mismo sexo en Portugal sea un "elemento disuasorio" para que los homosexuales se casen.
Y es que, de acuerdo con la legislación lusa, un soltero puede optar a una adopción mientras que un matrimonio homosexual no lo puede hacer.
Las mujeres lesbianas tampoco pueden someterse a técnicas de reproducción asistida en centros públicos ni privados de Portugal, añade, por lo que algunas viajan a clínicas españolas para acceder a estos tratamientos.
Además, tras años sobre la mesa, la asamblea portuguesa no terminó de aprobar la "coadopción" -permitir a un miembro de la pareja adoptar a un hijo que ya se encuentre bajo la tutela legal del otro-, explica Pinto.
En la última fase de la votación parlamentaria, el Partido Social Demócrata (PSD, de centroderecha y actualmente en el gobierno) pidió que esta propuesta, apoyada por todas las formaciones de izquierdas, se sometiera a un referéndum, lo que ha paralizado el proyecto.
"La aprobación de esta ley es fundamental para familias que de hecho ya existen, y en las cuales los hijos están desprotegidos en caso de que le ocurra algo al padre o madre legalmente reconocido, puesto que la otra persona no tiene ningún vínculo legal con el niño", señala Pinto.
De acuerdo con el análisis que elabora anualmente ILGA Europa, Portugal descendió este año del sexto al décimo lugar en el ránking de respeto a los derechos LGTB en el continente.
Para Pinto, esto se debe a que Portugal se ha "estancado" y no ha introducido avances mientras que otros países europeos sí lo han hecho.
Sin embargo, asegura que las asociaciones esperan que la situación cambie con las lecciones legislativas del próximo otoño, tras las que confían se alcance una mayoría de izquierdas en el Parlamento portugués que impulse el mayor reconocimiento de los homosexuales en términos de paternidad y maternidad.
Portugal también fue reconocido hace cuatro años como uno de los países con una legislación pionera en materia de derechos de las personas "trans", que pueden cambiar su sexo legal tras recibir un diagnóstico médico.
La ILGA reclama una mayor fiscalización del cumplimiento efectivo de esta ley, cuya implantación en ocasiones se ve frenada por trabajadores de centros médicos y registros civiles, afirman.
"En sectores fundamentales, desde trabajo hasta salud, falta de hecho un trabajo de implementación de igualdad en las prácticas sociales habituales", concluye Pinto.