Ciudad del Vaticano - El papa Francisco abolió hoy el “secreto pontificio” empleado en los casos de abusos sexuales por parte del clero, tras crecientes críticas sobre que esa categoría de confidencialidad se empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que las instituciones de justicia investigaran los crímenes.

Los líderes eclesiásticos deben proteger la información en casos de abusos para garantizar su “seguridad, integridad y confidencialidad”, señaló el pontífice en un nuevo documento. Sin embargo, el “secreto pontificio” ya no se aplica a las acusaciones, juicios y decisiones tomadas dentro del derecho canónico de la Iglesia católica en casos de abusos.

Además, Francisco elevó de 14 a 18 el límite de edad en el que el Vaticano considera que las imágenes pornográficas constituyen pornografía infantil.

Las nuevas normas se aprobaron hoy, en el 83er cumpleaños de Francisco, que intenta responder a la explosión global de los escándalos de abusos, a sus propios errores en la gestión del tema y a reclamaciones de víctimas, instituciones de justicia y católicos de a pie, que piden más transparencia y que se exijan responsabilidades a los agresores.

Las nuevas normas son una nueva enmienda al derecho canónico, un código legal que detalla la justicia eclesiástica para delitos contra la fe. En este caso, los cambios afectan a los abusos sexuales a menores o personas vulnerables cometidos por sacerdotes, obispos o cardenales.

Sin embargo, ese secretismo también sirvió para mantener el escándalo oculto, impedir que las fuerzas de seguridad accedieran a documentos y silenciar a las víctimas. Con frecuencia, muchas víctimas sintieron que el secreto pontificio les impedía acudir a la policía para reportar a sus agresores.

Aunque el Vaticano lleva un tiempo insistiendo en que ese no es el caso, tampoco ha ordenado nunca a obispos y superiores religiosos que reportaran a la policía los delitos sexuales, y en el pasado ha instado a los obispos a no hacerlo.

El Vaticano se ha visto bajo una creciente presión para reformar sus procedimientos internos y cooperar más con las autoridades. En los últimos años, su resistencia en ese sentido ha derivado en redadas policiales sin precedentes en sedes diocesanas de lugares tan distantes como Bélgica, Texas y Chile.

Pero incluso enfrentados a citaciones judiciales y cateos, los obispos se sentían impelidos a mantener en secreto las investigaciones internas a menos que recibieran autorización del Vaticano para entregar documentos.

Las investigaciones en distintos países, denuncias de la ONU y demandas civiles cada vez más costosas han causado un gran daño a la credibilidad de la Iglesia en todo el mundo.