Un tribunal de justicia de El Salvador impuso penas de hasta 1,420 años de prisión para una estructura criminal de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), procesados por delitos cometidos entre 2018 y 2019, informó el lunes la Fiscalía General de la República.

El pandillero Ángel Geovany Guzmán González recibió una condena de 1,420 años de prisión al ser encontrado culpable de siete homicidios, 37 extorsiones agravadas y 25 casos donde planificaba y conspiraba para asesinar personas, entre ellas, a nueve militares.

Otro integrante de esa estructura, Hugo Alexander Arqueta Bonilla, fue condenado a 764 años de cárcel por homicidio agravado, organizaciones terroristas, extorsión agravada y otros delitos. Así como Carlos Eduardo Díaz Rodríguez, recibió una condena de 567 años por homicidio agravado, extorsión agravada, organizaciones terroristas y otros; y la pandillera Ana Ruth Segovia Merino, 148 años de prisión por homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas.

Según la investigación de la fiscalía, los 48 miembros de la Mara Salvatrucha tenían órdenes de asesinar policías y militares.

En cuanto a las extorsiones, las víctimas eran transportistas y comerciantes de los mercados de la ciudad de San Miguel, a 135 kilómetros al oriente de la capital, a quienes les exigían dinero para no ser asesinados.

El Ministerio Público agregó en un informe que a una de las víctimas, a quien no identificaron en el proceso, le exigieron 10,000 dólares en una sola entrega para pagar a un abogado que defendiera a los pandilleros que habían sido detenidos.

Desde el 27 de marzo de 2022 en El Salvador rige un estado de excepción por disposición del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de mano dura contra las pandillas y que implica la suspensión de derechos fundamentales como el de asociación, el de tener asistencia de un abogado y el de conocer las razones de una detención. Esta situación le ha conllevado a El Salvador duras críticas de organismos de derechos humanos.

Más de 85,000 personas han sido capturadas, según cifras del gobierno, aunque la mayoría permanece en prisión sin una sentencia en contra. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 7,000 detenidos por falta de pruebas en su contra.

En 2012, el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones criminales internacionales. Tres años después la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.

Por más de tres décadas las llamadas maras o pandillas, han mantenido presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.