Hace 15 años Panamá despenalizó la homosexualidad, al derogar un decreto ley que criminalizaba la “sodomía”, convirtiéndose en el último país latinoamericano en hacerlo. Poco antes, el activista panameño Juan Alonso había sido arrestado por repartir preservativos en una campaña contra el VIH.

“(Tenía) un sentimiento como de ilegal, primero que no encajabas en la sociedad y segundo que lo que tú sentías como ser humano podría verse como una falta administrativa”, cuenta a EFE Alonso, de 40 años, tras participar en una feria de salud cerca de Ciudad de Panamá, donde hacía pruebas de detección de VIH.

La Gaceta Oficial de Panamá publicó el 31 de julio de 2008 el decreto 332 que tumbaba esa ley de 1949 que, según detallaba, penalizaba “la sodomía, que es como se conocía a la homosexualidad antes del año de 1973″.

15 años después, Alonso preside la asociación en pro de los derechos sanitarios de la comunidad LGTBIQ+ Nuevos Horizontes. Este activista perdió la cuenta de las veces que encarcelaron a miembros de su colectivo entre 2004 y 2010 por “promover” la homosexualidad, incluso después de la despenalización.

“A mí (me detuvieron) alrededor de tres veces, pero yendo a sacar, alegar o a hacer incidencia para que soltaran al resto de la población (cuento) infinidades de veces. Cada fin de semana recibía llamadas de madrugada por los arrestos de los chicos que venían de la ciudad después de ver un show de Drag Queen”, relata Alonso en La Chorrera, una localidad próxima a la capital panameña.

Muchas veces los arrestos sucedían cuando Alonso, junto a otros activistas, hacían campañas de concienciación sobre el SIDA en bares nocturnos con el fin de recaudar fondos para pagar los entierros de sus amigos fallecidos a causa de la enfermedad, que estaba en uno de sus momentos más álgidos en el país.

“Imagínate el daño que podríamos hacer nosotros con condones. En aquel entonces éramos un peligro para la sociedad por estar repartiendo preservativos en las calles”, dice ahora con humor.

Según recuerda Alonso, las personas “trans” accedían a realizar favores sexuales gratuitos a las unidades policiales a cambio de no ser arrestadas.

A la persecución y el acoso policial se sumó la violencia psicológica y física por parte de “particulares” que fue normalizada hasta que el activismo a favor de los derechos LGTBIQ+ cobró fuerza en Panamá.

“Cuando te afectan el autoestima de esa manera, te repiten constantemente que eres una abominación, entonces comienzas a normalizar esas palabras y calan en tu cerebro de tal manera que todas las lesiones que recibas de la sociedad las normalizas”, insiste Alonso.

Un alivio

El decreto ley que tumbó la prohibición de la homosexualidad en Panamá se sintió como un “alivio” entre el colectivo. Algunos se veían forzados al trabajo sexual por la exclusión y estigma social, cuenta Alonso.

“Nos permitió entonces sentir que hubo un pequeño avance en las garantías de los derechos humanos al saber que puedes ir a un espacio público, a alzar la voz y que nadie pueda utilizar ningún argumento jurídico para invisibilizarte ni callarte”, alega.

En julio de 2008, la entonces ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, bajo el Gobierno de Martín Torrijos (2004 -2009), derogaba el artículo 12 del decreto 149, suscrito en 1949 bajo un “código sanitario” que dictaba medidas sobre la “higiene social y moralidad pública”.

Miembros del colectivo manifestaron a EFE en anteriores ocasiones que la despenalización fue por una supuesta presión de un organismo financiero internacional para aprobar un préstamo a Panamá para combatir el VIH.

Tras su ratificación el 31 de julio de 2008, Panamá se convirtió en el último país de Latinoamérica en despenalizar la homosexualidad.

“Hemos ganado las calles”

15 años después de la histórica derogación, Panamá aún mantiene otras leyes que discriminan a la población LGTBIQ+: los reglamentos de la Policía y los Bomberos consideran la homosexualidad como una falta grave, digna de expulsión, el colectivo tiene prohibido donar sangre y aún no está legalizado el matrimonio igualitario.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá cerró la puerta al matrimonio igualitario este año al señalar que “no tiene categoría” de derecho humano, tras fallar en contra de unas demandas presentadas desde 2016 que impendían reconocer al menos tres casos de uniones entre personas del mismo sexo celebrados en el exterior.

“Ahora somos parte de la conversación, nos sentamos a la mesa, tenemos una silla y no la vamos a dejar”, dice a EFE el abogado y activista Iván Chanis.

Chanis aplaude que ese es el “gran avance”, a la vez que acepta que el país progresa “más lento que muchos otros”: “Si bien no ha sido un avance formal en derechos, en representatividad, en el reconocimiento sobre todo del Estado y especialmente de las autoridades, sí hemos avanzado en nuestra visibilidad”.

Cataloga el actual panorama como “esperanzador” pues “si bien desde un punto de vista formal no hemos ganado batallas, como el caso del matrimonio civil, hemos ganado las calles”.