Ciudad de Guatemala. Alrededor de 500 mujeres guatemaltecas marcharon este viernes en la capital del país centroamericano, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para exigir al Gobierno presidido por Alejandro Giammattei medidas por la creciente cantidad de feminicidios, violaciones de niñas y persecución política contra operadoras de justicia.

“Esta marcha es una manera de visibilizar que la violencia contra las mujeres se da de forma permanente sin que la institucionalidad pública ayude a evitarla”, declaró a EFE la exdiputada Sandra Morán, en la salida de la marcha que congregó a cientos de mujeres en el centro de la Ciudad de Guatemala.

Según el comité organizador, la marcha por la eliminación de la violencia contra la mujer fue dedicada este año, como un acto político, en honor de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien se encuentra encarcelada desde marzo por un supuesto delito administrativo, a la espera del inicio del juicio en su contra el próximo 28 de noviembre.

La manifestación inició su recorrido frente a la Corte Suprema de Justicia y se enfiló por el centro histórico de la Ciudad de Guatemala hasta llegar al Palacio de la Cultura, sede del Gobierno.

Entre las participantes había bloques de organizaciones de mujeres indígenas, transexuales, lideresas comunitarias, activistas, niñas y defensoras de derechos humanos.

Las mujeres denunciaron que durante el 2022 unas 428 mujeres han sido asesinadas, según datos del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público (MP, Fiscalía).

“Guatemala es un país muy violento con las mujeres jóvenes. Hay niñas de 10 a 14 años que han quedado embarazadas como producto de una violación”, indicó a EFE Verónica Ixcot, una comadrona que atiende partos de emergencia de menores que han sido abusadas en comunidades indígenas del departamento (provincia) de Chimaltenango (centro).

Durante el 2022, Guatemala ha registrado 1,824 nacimientos en niñas embarazados entre 10 y 14 años, la mayoría en zonas rurales del país, de acuerdo con datos de la organización Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR).

Persecución política y sin acceso a justicia

Además, la coordinadora denominada “25 de noviembre” señaló que actualmente seis operadoras de justicia están bajo persecución política.

Dichas exfiscales investigaron en el pasado estructuras de corrupción incrustadas en el Estado y todas han sido denunciadas por la organización de extrema derecha denominada Fundación Contra el Terorrismo, de acuerdo con la misma fuente.

Las mujeres organizadas denunciaron que la Fundación Contra el Terrorrismo creó un “ataque sistematizado” a nivel judicial y público contra operadoras de justicia que laboraron para la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y para la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público entre 2014 y 2021.

“El panorama de justicia es muy triste, porque existe mucha impunidad. El sistema criminaliza a las mujeres y hay procesos de violencia que toman años para que los responsables sean procesados”, afirmó a EFE la abogada maya Haydeé Valey, quien participó en la marcha.