La estafa inició en el año 2003, cuando una mujer que se desempeñaba como cajera en un supermercado fue agredida por una clienta. El episodio le ocasionó un cuadro de estrés postraumático severo que la dejó sin habla y sin poder escuchar por un tiempo, pero por los siguientes 16 años fingió seguir con esta condición para recibir la pensión de incapacidad permanente. Esto ocurrió en Andalucía, España.

Tras lo ocurrido y la aparente incapacidad, la Seguridad Social le concedió una incapacidad permanente absoluta, que le otorgó a la mujer derecho a cobrar una pensión, que debía ser pagada por la empresa donde trabajaba.

Debido a esto, de forma constante la empresa le realizaba una serie de exámenes para revisar la situación y fue en uno de los chequeos que, un especialista, detectó indicios de que la mujer podría estar mintiendo sobre su presunta incapacidad.

En el informe presentado ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de España, los profesionales constataron que la mujer presentaba un cuadro de mutismo ostensiblemente atípico, sin intentos de comunicación por escrito ni de otro tipo durante las consultas.

Además, desde el 2003, cuando ocurrió el accidente, no registró ningún tipo de asistencia a consultas psiquiátricas para tratar la condición. Esto señaló la sospecha de una presunta simulación de síntomas.

Para confirmar las sospechas, la empresa donde laboraba y encargada de pagar la pensión contrató a un detective para realizar seguimiento a la mujer. El hombre se enfrentó a diferentes situaciones de manera incógnita con ella y pudo evidenciar que mantenía interacciones verbales completamente normales con su entorno cotidiano e incluso con desconocidos.

El informe reseña que uno de los momentos determinantes de la investigación fue cuando el detective, de forma casual, la abordó y le preguntó por la ubicación de un establecimiento comercial, a lo que ella respondió dando indicaciones de forma fluida y sin problema de comunicación.

Asimismo, las redes sociales también jugaron un papel importante en el caso, pues ella había compartido imágenes y comentarios en un foro durante una participación en una clase de zumba en el 2015.

Luego de que la empresa presentará la serie de evidencias, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, concluyó lo que el cuadro grave de estrés postraumático había evolucionado favorablemente hasta su desaparición o había simulado desde el principio, con el fin de recibir una pensión de incapacidad.

La sentencia desestima el recurso interpuesto por la mujer, pues alegó la violación a su intimidad, pero las pruebas presentadas por la empresa ratificaron que la mujer no presentaba ninguna limitación funcional que justificara la continuación de la prestación económica.

Asimismo, el tribunal resolvió abrir un proceso de investigación por el delito de fraude a la Seguridad Social, previsto en el artículo 307 del Código Penal Español, que sanciona a quienes obtienen prestaciones públicas de manera ilícita y engañosa.

Las acciones fraudulentas de la mujer finalizaron en 2019, y en ese mismo año se suspendió el pago de la pensión de incapacidad.

El proceso fiscal sigue abierto, pues la mujer cometió el delito de fraude que le podría acarrear sanciones económicas y penas de prisión. Además, le ordenaron el reintegro de las cantidades económicas recibidas.