Un caso de fraude que permaneció oculto por más de tres décadas salió a la luz en Brasil, luego de que Ana Lucia Umbelina Galache de Souza, de 55 años, fuera condenada por recibir indebidamente una pensión destinada a los descendientes de un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial.

El esquema comenzó en 1986, cuando la mujer, entonces de 15 años, cambió su nombre y presentó documentos falsos al Ejército brasileño con la ayuda de su abuela. Ésta se hizo pasar por la hija de Vicente Zárate, un exmiembro de la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB).

Entre noviembre de 1988 y junio de 2022, Ana Lucia, quien adoptó el apellido Zarate, engañó a las autoridades y recibió una pensión que, con el paso del tiempo, llegó a rondar los 8,000 reales ($1,400.00 aproximadamente) mensuales.

Durante este período, acumuló un total de 3.7 millones de reales ($600 mil aproximadamente) de manera fraudulenta, según lo reportado por ‘Metrópoles’ y confirmado por ‘O Globo’. El caso permaneció oculto hasta 2021, cuando la abuela de Ana Lucia, inconforme con la repartición del dinero que recibía su nieta, decidió denunciarla ante la Policía Militar de Mato Grosso do Sul.

“En 2021, Conceição (la abuela) , descontenta con la parte de la pensión que le transfirió su nieta, presentó una denuncia por fraude ante la Policía Militar. Sin embargo, nunca fue interrogada en la investigación administrativa ni en la investigación policial, como falleció en mayo de 2022″, informó el proceso del Tribunal de Cuentas de la Federación (TCU).

En su testimonio, la abuela reveló que Ana Lucia no era hija de Vicente Zárate, sino su sobrina nieta, lo que la descalificaba para recibir la pensión, destinada exclusivamente a cónyuges o descendientes directos de soldados fallecidos.

En 2023, el Tribunal Militar brasileño condenó a Ana Lucia a tres años de prisión y le ordenó devolver los montos recibidos ilegalmente. “Considerando que el beneficio militar fue recibido de manera absolutamente fraudulenta, juzgo irregulares las cuentas de la responsable, la condeno a la deuda, cuyo valor actualizado es de R$ 3.194.516,77, y a la multa prevista en el artículo 57 de la Ley 8.443/1992″, escribió el relator del caso, ministro Walton Alencar Rodrigues, en el proceso.

Durante los interrogatorios, Ana Lucia admitió estar consciente de la ilegalidad de sus acciones. “En sus interrogatorios, Ana Lúcia admitió ser consciente de la falsificación e ilegalidad de sus acciones y declaró que sólo utilizó la identidad de Ana Lúcia Zárate para tratar cuestiones relacionadas con la administración militar y las pensiones”, aseguró el TCU. A pesar de su confesión, Ana Lucia ha apelado la sentencia, alegando que no actuó con dolo, es decir, sin intención de cometer el delito, y que la condena carece de pruebas suficientes.

El caso aún no concluye. La Defensoría Pública Federal, que representa a Ana Lucia, confirmó que desde septiembre de 2022 la asisten en su defensa, y el proceso se encuentra en espera de una resolución por parte del Tribunal Superior Militar (STM).