Cientos de mineros ilegales agredieron a la policía que intentaba frenarles sus actividades en la Amazonía brasileña y después atacaron una aldea indígena, donde incendiaron viviendas, dijeron fiscales federales en el estado norteño de Pará.

Los enfrentamientos ocurrieron días después de que el Tribunal Supremo de Brasil ordenara al gobierno proteger a las poblaciones indígenas amenazadas en las últimas semanas por garimpeiros que al parecer se sienten envalentonados por el apoyo hacia su actividad de parte del presidente Jair Bolsonaro.

La fiscalía estatal dijo que los mineros intentaron obstruir el miércoles una operación de la policía federal cerrando los accesos al municipio de Jacareacanga e intentaron atacar una base policial donde se encontraba equipo pesado para esa acción.

Horas después, los mineros atacaron una aldea de la etnia munduruku e incendiaron varias viviendas, incluida una que pertenecía a una prominente detractora de la minería y activista indígena, Maria Leusa Munduruku.

El ataque se dio luego de otros enfrentamientos más al norte, en el estado de Roraima, donde mineros en embarcaciones han agredido y amenazado en forma reiterada un asentamiento ribereño yanomami conocido como Palimiu. Ahí, los mineros también se enfrentaron a autoridades federales que investigaban los incidentes.

Júnior Hekurari Yanomami, presidente de una asociación de los yanomami, dijo a The Associated Press que dos niños del grupo se ahogaron cuando huían durante una confrontación particularmente violenta ocurrida el 10 de mayo en la que también murieron tres mineros.

Los fiscales federales en Roraima no han logrado confirmar ninguna de las muertes, pero dijeron que una investigación policial estaba en marcha.

Los enfrentamientos en torno a la comunidad de Palimiu se han intensificado desde el 24 de abril, cuando yanomamis quitaron combustible y algo de equipo a mineros ilegales a los que acusaron de violar su territorio, dijeron Hekurari y fiscales estatales.

Hekurari señaló que los mineros pasan con sus embarcaciones a motor por la aldea casi a diario, gritando amenazas y a veces disparando sus armas.

“La gente no está durmiendo adecuadamente. Está muy cansada”, señaló Hekurari en una llamada por Zoom desde Palimiu. Hombres yanomami se mantienen vigilantes todas las noches, agregó.

Señaló que los mineros han matado a varias personas y violado mujeres y niñas, aseveraciones que los fiscales federales en el estado no han confirmado, aunque señalan que están investigando.

Bolsonaro se encontraba el jueves a menos de 100 kilómetros (60 millas) de la enorme reserva yanomami para inaugurar un pequeño puente de madera en una carretera federal próxima a un gran yacimiento del mineral niobio, que él considera podría contribuir a una bonanza económica de Brasil.

El presidente ha manifestado abiertamente su deseo de legalizar la minería en territorios indígenas —lo cual no está permitido en la Constitución en Brasil— y fomentar la urbanización en la Amazonía.

“No es justo que se quiera criminalizar al prospector en Brasil”, dijo Bolsonaro el 14 de mayo a simpatizantes afuera del palacio presidencial, según el periódico Estado de S. Paulo. “Gente de traje y corbata hace todo tipo de suposiciones sobre lo que sucede en las zonas rurales”.

Los comentarios de ese tipo han alentado a los mineros, dijeron fiscales federales, así como ambientalistas y activistas que apoyan los derechos de los indígenas.

“Hay una sensación de impunidad en el país, de que los invasores no serán sancionados”, dijo Juliana Batista, abogada que trabaja en el grupo activista Instituto Socio-Ambiental.

El instituto afirma que se sospecha que unos 20.000 mineros ilegales están trabajando dentro de territorio indígena yanomami, que es la reserva indígena más grande de Brasil y que tiene aproximadamente el tamaño de Portugal. Unos 27.000 indígenas viven en ese territorio.

El ministro del Tribunal Supremo de Brasil Luís Roberto Barroso ordenó esta semana al gobierno federal “adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para proteger la vida, salud y seguridad de las poblaciones indígenas” en el territorio yanomami y munduruku. También acusó al gobierno de “obstinación y falta de transparencia” para garantizar la salud y seguridad de los grupos indígenas.

Bolsonaro ha dicho repetidamente que los grupos indígenas controlan demasiado territorio, dada su escasa población. También dice que deberían integrarse en la sociedad más amplía, postura con la que discrepan muchas comunidades.

Un reporte elaborado con imágenes satelitales y sobrevuelos, y publicado en marzo por dos asociaciones indígenas, señaló que la “proximidad inusual” de algunos sitios de minería a las comunidades yanomami tiende a avivar el conflicto.

Alisson Marugal, un fiscal en el estado de Roraima que ha investigado enfrentamientos en tierra yanomami, dijo desde su oficina en Boa Vista, la capital estatal, que la minería ilegal ha traído prostitución, enfermedades, abusos de drogas y alcohol, y la pérdida de formas de vida tradicionales.

“Si no se hace nada, los conflictos con los mineros podrían provocar masacres”, apuntó.