Ciudad de México. México dio un paso el jueves hacia la legalización de la marihuana con la aprobación en el Senado de una normativa que regula su uso, cultivo, transformación y comercialización, la cual será enviada a la Cámara de Diputados para que sea revisada.

La propuesta permite el consumo recreativo del cannabis y la posesión de hasta 28 gramos, posibilita la creación de un Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis -que dará las licencias a productores, transformadores y vendedores-, y autoriza el cultivo de plantas para el autoconsumo.

Podrán consumir cannabis psicoactivo sólo los adultos, y siempre y cuando no sea en presencia de menores. El autocultivo podría ser de hasta 6 plantas por persona con un máximo de 8 por domicilio, y la propuesta establece un sistema de licencias para la producción a mayor escala, su transformación y su venta. La iniciativa también regula la exportación e importación, al igual que el uso para fines de investigación, médico y farmacéutico.

La Suprema Corte de Justicia lleva varios años aceptando amparos presentados por particulares que permitieron a esas personas el cultivo y consumo de marihuana, pero aunque había instado en varias ocasiones al Congreso a legislar sobre el tema, el asunto no avanzó hasta ahora.

En 2016, México comenzó a otorgar permisos para la importación legal de productos con cannabis para uso medicinal, y un año después aprobó dicho uso. Pero fue desde 2018, con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, cuando se activó el debate sobre la legalización en un país con una intensa actividad de los cárteles que, aunque ahora se especializan en otras drogas mucho más potentes, siguen controlando el mercado de la marihuana.

El senador Julio Menchaca, promotor de la propuesta que generó discrepancias hasta entre sus colegas de partido, destacó que con este dictamen se garantiza el libre desarrollo de la personalidad y se “pone orden” en el uso de una planta que ha sido estigmatizada más de 100 años. Y el líder del partido Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que es “progresista y de avanzada”.

La iniciativa plantea como objetivo fomentar la paz y la seguridad de la sociedad, contribuyendo a la disminución del mercado ilegal del cannabis psicoactivo y con ello, del crimen organizado, la corrupción y la violencia.

Además, dice que las comunidades indígenas y campesinas tendrán una atención especial, ya que muchas han visto en el cultivo de la droga su única opción de vida, vendiéndola al crimen organizado.

Pero no todos creen que la iniciativa, tal y como está, tenga esos beneficios.

Expertos como Alejandro Madrazo, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas y abogado constitucionalista que colaboró con la Secretaría de Gobernación en la redacción de algunas propuestas sobre el tema, consideró que el texto actual beneficia a la industria en lugar de proteger a campesinos y usuarios.

En primer lugar, explicó Madrazo, la marihuana no queda legalizada, ya que aquellos que porten entre 28 y 200 gramos recibirán una multa administrativa, y si son más de 200 habría una sanción penal.

Además, sólo estará permitida la que pueda acreditar su procedencia legal, porque la propuesta obliga a lo que se llama “trazabilidad”, que significa que “la planta tiene que ser identificada de la semilla al anaquel”, explicó el académico.

“Será como comprar un cogollo con código de barras que dice dónde y cómo se sembró, pero hacer eso es carísimo” y, según dijo, hará que el mercado legal sea muy pequeño, esté en manos de las grandes empresas extranjeras de cannabis y sólo el sector acomodado de los mexicanos puedan pagarlo, mientras que el resto continuará consumiendo en el mercado negro, alimentado por los cárteles.

Por eso exhortó a que, cuando la Cámara de Diputados analice el tema, suprima esta exigencia.

El uso de la marihuana con fines medicinales es legal en varios países latinoamericanos -el último en aprobarlo fue Argentina-, pero el cannabis recreativo sólo es legal en Uruguay. También está autorizado en varias entidades de Estados Unidos.