Colombo. El Tribunal Supremo de Sri Lanka aceptó este lunes estudiar las peticiones contra la orden del Gobierno isleño de incinerar a todos los muertos por COVID-19 y prohibir los entierros, una medida que molestó a minorías como la musulmana.

La máxima instancia judicial de la isla comenzará a estudiar las once peticiones contra la orden el próximo 13 de julio, según informó a Efe el abogado Rushdy Habeeb, que representa a dos de los demandantes.

"La decisión de cremar (los cuerpos) va en contra de los derechos fundamentales, tanto internacionales como locales. Creo firmemente que se revertirá", aseguró Habeeb.

Duelo en cuarentena

Atrás quedan casos como el del musulmán M. Safeek, que no pudo despedirse de su esposa fallecida por coronavirus, a la que precintaron e incineraron sin previo aviso, un proceder contrario a las creencias de esta minoría religiosa.

Fathima Rinoza, de 44 años y madre de seis hijos, falleció el pasado 4 de mayo en un hospital de la nación isleña tras ser hospitalizada dos días antes por problemas respiratorios.

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"Soy un hombre roto", explicó a Efe Safeek.

"Durante 27 años estuvimos casados y criamos a nuestros hijos, y cuando murió ni siquiera pude ver su rostro", dijo entre lágrimas.

Pero su duelo va más allá de la tragedia de no poder despedirse en persona de un ser querido muerto por coronavirus, una experiencia que desde el inicio de la pandemia han experimentado posiblemente decenas de miles de personas en todo el mundo.

Rinoza era una mujer religiosa, seguidora de una fe que dicta que el cuerpo debería descomponerse en la tierra tras la muerte.

Una creencia con la que el mayoritariamente budista Sri Lanka, que ha detectado 1,835 casos positivos por COVID-19 y once muertes, no permite comulgar en lo que respecta al coronavirus.

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Cremación obligatoria

Sri Lanka impuso la cremación obligatoria como parte de su lucha contra la pandemia, una medida que ha sido modificada en varias ocasiones durante los últimos meses.

En sus "directrices provisionales para casos sospechosos y confirmados de coronavirus", emitidas el pasado 27 de marzo, el Ministerio de Salud permitía tanto la incineración de los cuerpos como los entierros, siempre que se tomasen precauciones.

Sin embargo, el 30 de marzo un musulmán falleció y su cadáver fue incinerado contra los deseos de su familia.

Un día más tarde, el Ministerio de Salud revisó sus directrices e impuso la cremación obligatoria. La regla fue confirmada en un reglamento emitido por el Gobierno esrilanqués el 11 de abril.

"La decisión fue tomada considerando varios factores", dijo a Efe la directora general de asistencia sanitaria pública del Ministerio de Sanidad, la doctora Paba Palihawadana.

"No sabemos exactamente qué es la COVID-19, así que no podemos arriesgarnos", explicó Palihawadana.

Agenda nacionalista

La Organización Mundial de la Salud, en su documento de orientación provisional del 24 de marzo, afirma que las víctimas del coronavirus pueden ser enterradas o cremadas según "los requerimientos nacionales y locales".

Pero el reglamento esrilanqués ha proyectado una sombra sobre el Gobierno del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, que llegó al poder el año pasado con una marcada agenda de seguridad nacional diseñada para atraer a la mayoría budista.

"Se trata de una agenda política, esta retórica de seguridad nacional fue introducida para acercarse a la mayoría sinalesa budista", dijo a Efe el vicepresidente del Consejo Musulmán de Sri Lanka, Hilmy Ahmed.

Gotabaya Rajapaksa, hermano del expresidente y actual primer ministro Mahinda Rajapaksa, se hizo con la victoria con el telón de fondo de los atentados yihadistas del Domingo de Resurrección contra iglesias y hoteles de lujo.

Los ataques, conducidos por la banda islamista local National Thowheed Jamaath (NTJ) y reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), dejaron 269 muertos y más de 500 heridos.

Ahmed cree que el reglamento que instaura la cremación obligatoria para víctimas del coronavirus ha sido tomada pensando en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 20 de junio.

El Gobierno fue elegido gracias a los votos de la mayoría sinalesa nacionalista y no quiere “dar la imagen de que cede a las peticiones de una minoría”, en torno a un 10 % de los 21 millones de habitantes de la nación isleña, explicó a Efe el director ejecutivo del Consejo Nacional para la Paz, el doctor Jehan Perera.