Extracción de minerales, pesca indiscriminada, depósito de residuos... los océanos concentran un PIB de 2,5 billones de dólares que los convertiría, en caso de ser un país, en la séptima economía mundial, aunque “excesivamente desregularizada”, alerta Francesca Santoro, responsable de educación oceánica de la ONU.

“Es una economía sin regulación o, al menos, regulada únicamente a nivel sectorial”, señala Santoro, miembro de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, en una entrevista con EFE desde las oficinas de la organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Venecia (norte de Italia).

La función de la inmensa masa de agua que ocupa el 71 % de la tierra es esencial para el clima y el bienestar humano, pero también constituye una parte cada vez más importante de la actividad productiva.

La “economía azul” genera millones de puestos de trabajo, entre los que solo el sector alimentario emplea a 237 millones de personas. Sin embargo, muchas de las actividades económicas que suceden en el agua son invisibles.

“El océano es principalmente todo lo que pasa bajo la superficie, y como los seres humanos no lo vemos es como si no existiera”, indica Santoro con motivo del Día Mundial de los Océanos, que la UNESCO celebra este jueves para sensibilizar sobre la importancia de los mares, pero también de sus amenazas.

La minería submarina, un novedoso proceso de extracción mineral, es uno de los riesgos más apremiantes y, a la vez, desconocidos, que ilustra a la perfección la importancia creciente de los mares en la producción mundial.

“Minerales como el cobalto, el níquel y el manganeso son muy necesarios en la industria tecnológica y han comenzado a ser extraídos del mar, donde hay grandes cantidades, pero sabemos muy poco de sus efectos”, apunta.

La técnica aún no está regulada aunque es muy cotizada entre las grandes industrias, que pueden escapar de la soberanía de los países en aguas internacionales, una especie de “far west” en el fondo oceánico al que no llegan los humanos.

Para la experta de la UNESCO, el hecho de que países como Francia, España, Canadá y Chile hayan pedido una moratoria para la minería submarina, que exige pausar toda explotación hasta que la investigación avance, demuestra que los océanos reciben cada vez más atención también de los reguladores.

Un interés que despertó gracias a la campaña contra los residuos plásticos y gracias a la cual, según Santoro, el cuidado de los mares pasó a ocupar más espacio en la conversación pública.

“Ver cómo los plásticos afectan a animales tan populares como tortugas, ballenas o aves marinas... fueron imágenes que realmente golpearon la conciencia de los ciudadanos y cambiaron la percepción desde abajo”, analiza.

A raíz de ese movimiento, la Unión Europea (UE) aprobó una directiva contra los plásticos de un solo uso, una directriz pionera que sirvió de precursora para el movimiento más ambicioso hasta la fecha: el Tratado Global de los Océanos, aprobado en Naciones Unidas este año tras casi dos décadas de debate.

Este documento propone hacer del 30 % de los mares zona protegida para salvaguardar la naturaleza marina y, sobre todo, alejarlos de las explotaciones mineras.

Es un primer paso, importante para regular las áreas marinas que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales y que representan el 60% de los océanos en todo el mundo, pero no definitivo, explica Santoro.

“El tratado está aprobado, pero luego se necesita que al menos 60 países lo ratifiquen para entrar en vigor -recuerda- así que todavía queda camino por recorrer”.

Y aquí afloran las limitaciones de las organizaciones multilaterales. La UE cuenta con uno de los reglamentos más restrictivos que obliga a sus estados a crear planes de ordenación y sostenibilidad del espacio marino.

En cambio, otros países no tienen estándares como los europeos como por ejemplo China, donde la pesca indiscriminada aprovecha sin medida los recursos de zonas trasnacionales y asfixia a flotas del sur asiático y de América Latina.

La pesca ilegal en alta mar es otro de los negocios opacos que se dan en los océanos, estimado en miles de millones de dólares y cuya falta de jurisdicción impide supervisar las condiciones de trabajadores clandestinos.

La gestión “sectorial”, que no integra la regulación de la pesca, el turismo y la energía y la ausencia de una organización que pueda multar a los responsables de ciertas actividades, son los grandes obstáculos que encuentran los expertos en conservación de los océanos para enfrentar estos retos.

Aunque a medida que la inversión económica aumenta, también lo hace la concienciación.

“Parece que las cosas están cambiando. Ha sido un año importante para el océano, se están tomando muchas decisiones a nivel internacional y veo más atención”, celebra Santoro.