Los incendios en la Amazonía brasileña crecieron un 15.9% en febrero
Los incendios son, en buena parte, producto de la deforestación causada por actividades como la minería ilegal y el comercio ilícito de madera.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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Río de Janeiro. La Amazonía brasileña registró 677 focos de incendio en febrero, un aumento de 15.9% frente al mismo mes del año pasado, según los datos divulgados este miércoles por el sistema de alarmas del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE).
No obstante, en el comparativo con enero, cuando fueron reportados 1,056 puntos en llamas en el bioma, los incendios cayeron un 35.9%.
Los incendios en la más extensa selva tropical del planeta son, en buena parte, producto de la deforestación causada por actividades como la minería ilegal y el comercio ilícito de madera, que se dispararon durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
Solo el año pasado fueron registrados 115,033 focos de incendio en el bioma, un 53% más que en 2021 y la mayor cantidad para un año reportada desde 2010.
Durante el cuatrienio del líder ultraderechista, que defiende la explotación de recursos naturales en el bioma, incluso en reservas indígenas, donde es prohibido por ley, el promedio de área devastada fue de 11,396 kilómetros cuadrados al año, un 59.5% más que en los cuatro años anteriores.
La recuperación de la Amazonía brasileña es uno de los principales compromisos anunciados por Luiz Inácio Lula da Silva desde que fue elegido presidente del gigante suramericano.
Una de sus más fuertes acciones, en el corto periodo que lleva de mandato, ha sido la lucha frontal contra la minería ilegal en la tierra yanomami tras descubrir la gravísima situación humanitaria y sanitaria que vivía esa etnia por culpa de las extracciones ilícitas de metales preciosos como el oro.
La reserva, que ocupa cerca de 10 millones de hectáreas, está ubicada en el estado de Roraima, al noroeste de Brasil y fronterizo con Venezuela.
Según fuentes oficiales, en los últimos años unos 20,000 mineros ilegales invadieron la reserva indígena y con su masiva actividad han contaminado ríos con mercurio y devastado parte de ese territorio, habitado por cerca de 30,000 indígenas.