San Salvador. Las autoridades penitenciarias salvadoreñas liberaron el viernes al padre de la periodista Carolina Amaya y defensor campesino, Benjamín Amaya, después de que una corte ordenara su excarcelación y se denunciara su “desaparición forzada”, según informó la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)

“El padre de Carolina Amaya fue liberado y llevado directamente a su casa de habitación en San Juan Opico. APES se dirige al lugar para verificar las condiciones de don Benjamín Amaya”, publicó la organización en la red social X (antes Twitter).

Se desconoce si Amaya fue trasladado desde la granja penitenciaria de Zacatecoluca, donde extraoficialmente se dijo que estaría, o desde otra prisión.

Recientemente un tribunal le otorgó la libertad condicional bajo fianza, pero el Instituto de Medicina Legal no dio con su paradero en la prisión en la que las autoridades decían que se encontraba para realizarse una evaluación médica.

Amaya, que dirige el medio digital especializado en temas ambientales MalaYerba, junto a su familia y acompañada por representantes de la APES, presentó en la referida cárcel la orden judicial de libertad, sin que le dieran por recibido el documento.

Por su parte, Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, publicó en X que “nos han tenido todo el día sin información en el penal de Zacatecoluca”

“Nos han informado que el padre de Carolina Amaya fue liberado y llevado a su casa en San Juan Opico. Nos dirigimos a verificar su condición de salud”, reafirmó.

El jueves, la APES denunció ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) la “desaparición forzada” del padre de Amaya, detenido en febrero bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y cuyo paradero dentro de las cárceles no conocían sus familiares y abogados.

El abogado Oswaldo Feusier, de la Clínica de Asistencia Jurídica de la APES, sostuvo que las autoridades de Centros Penales no habían informado al tribunal que lleva el caso, a la familia, ni a la defensa si había sido trasladado o no a otra cárcel.

“Las personas que se encuentran detenidas ilegal e inconstitucionalmente se les tiene aisladas, sin derecho a visita familiar y en abierta contradicción a tratados internacionales”, por lo que “naturalmente no se había dado cuenta la familia”, apuntó el letrado en una rueda de prensa el jueves.

Cárcamo indicó en esa comparecencia que “casualmente, la captura ocurre semanas después de que ella realizara unas publicaciones periodísticas que afectan a sectores empresariales del actual Gobierno salvadoreño”.

A inicios de noviembre, diversas organizaciones sociales denunciaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que durante el régimen de excepción se han dado “desapariciones de corta duración”, lo que la representación gubernamental negó.

Este régimen fue aprobado a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al plan gubernamental de seguridad una disminución de los homicidios hasta una tasa de entre 2,3 y 2,4 por cada 100.000 habitantes, al menos hasta septiembre pasado, frente a tasas como la de 2015, que superó las 100 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

El Salvador cerrará el año 2023 bajo dicho régimen de excepción, después de que el oficialismo aprobó el pasado 5 de diciembre en la Asamblea Legislativa la vigésimo primera ampliación por 30 días.