Praga. Fortalecer la cooperación en la gestión de la migración, desincentivar los flujos irregulares y promover los legales son algunos de los elementos centrales de una hoja de ruta acordada en Praga por medio centenar de países de Europa y Asia Central, y del que han quedado excluidos Rusia y Bielorrusia.

Estas ideas han sido consensuadas por países de la Unión Europea (UE) -República Checa ejercer la presidencia este semestre- los Balcanes, el Cáucaso y Asia Central, así como Turquía, en el marco del “Proceso de Praga”, con la idea de afrontar los desafíos migratorios durante el período 2023-2027.

Los casi 50 países que integran este bloque de carácter voluntario y no vinculante han consensuado una declaración ministerial conjunta y un plan de acción, a los que tuvo acceso EFE.

En la declaración se destacan seis áreas de cooperación, como son luchar contra la migración irregular y tráfico de personas, fortalecer el derecho de asilo, y promover la readmisión y regreso voluntario al país de origen.

Los 27 y sus socios de este bloque también quieren facilitar el trámite de la migración legal y movilidad, integrar a los emigrantes y, finalmente, aprovechar su potencial.

Ello va a requerir, según ha reconocido la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, “un nuevo pacto de migración y asilo en la UE”.

Una cuestión que genera nuevas incertidumbres tras el conflicto de Afganistán, tras el regreso al poder de los talibanes, y los efectos del cambio climático, según ha destacado el ministro de Interior checo, Vit Rakusan.

Y, sobre todo, por la ola de refugiados de Ucrania, de los cuales 4.3 millones ya tienen un visado especial en la UE, y que podrán seguir gozando de esta protección tras activarse una propuesta de directiva comunitaria, iniciada por Johansson.

“670,000 niños ucranianos asisten a colegios en la UE, algo sobre lo que estar orgullosos”, afirmó la política sueca.

La UE también ha sido testigo del incremento anormal de cruces irregulares de fronteras, “tres veces más que en 2021 y 10 veces más que 2018″, sobre todo por la ruta de los Balcanes occidentales, precisó la eurocomisaria.

Este fenómeno atañe a ciudadanos de países que no están inmersos en una guerra, como India, Túnez, Burundi o Cuba, lo que no da casi opciones a una protección temporal en la UE.

Ya en el plan de acción para el período 2023-2027, se destacan los programas de cooperación con países para evaluar estos flujos migratorios, algo que la Comisión llevará a cabo próximamente con Macedonia del Norte y Albania, mediante el uso de un contingente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Además, se crearán Centros de Recursos de Migración en los países de origen, para disuadir a los potenciales migrantes, mediante campañas de concienciación sobre los riesgos del viaje.

La UE, consciente de la utilidad de esta fuerza laboral en sociedades con población envejecida y baja natalidad, también quiere aprovechar su potencial, pero de una manera equilibrada, para no fomentar una fuga de cerebros.

“Continuar promoviendo programas dirigidos a reintegrar a los emigrantes en los mercados de trabajo de sus países de origen, teniendo en cuenta sus habilidades y competencias adquiridas en el extranjero”, se cita en el plan de acción.

La declaración fue suscrita por 48 países, entre ellos los 27 representados por la Comisión europea, cinco de la Asociación Oriental (Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Armenia y Ucrania) y seis de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán).

También lo firmaron los seis países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia del Norte, Montenegro y Kosovo), Turquía y tres países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega y Liechtenstein).