Un hombre muerto yacía boca arriba en el estacionamiento de una tienda de conveniencia a finales de febrero cuando periodistas llegaron a la ciudad de Celaya, en el centro norte de México, para entrevistar a la policía. Alrededor del cadáver había una lluvia de casquillos de bala y proyectiles disparados, algo muy común en el estado de Guanajuato, el cual registra el mayor número de homicidios del país.

El policía llevaba a su esposa al trabajo el 28 de febrero cuando hombres armados del cártel —quienes aparentemente los siguieron desde su casa— abrieron fuego contra su automóvil. El policía abatió a uno de los agresores antes de morir.

Su esposa y su hija de 1 año resultaron ilesas. Pero una semana antes, hombres armados del cártel mataron a tiros a una agente de policía cuando llevaba a su hija de 8 años a la escuela. También mataron a la niña.

Bienvenido a Celaya, Guanajuato, posiblemente el lugar de Norteamérica más peligroso per cápita, para ser policía. Al menos 34 policías han sido asesinados en esta ciudad de 500,000 habitantes en los últimos tres años. En el estado de Guanajuato, con una población de poco más de 6 millones, alrededor de 60 policías fueron asesinados a tiros en 2023 —más que en todo Estados Unidos.

A medida que se acerca la elección presidencial del 2 de junio en México, esta ciudad se encuentra en la encrucijada de un debate nacional sobre políticas de seguridad.

Celaya ha declinado seguir la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no confrontar a los cárteles e ignoró su política de alentar a la población local a buscar pactos de paz con la delincuencia organizada. Cuando los obispos católicos romanos anunciaron que se habían reunido con capos de los cárteles en febrero para negociar una tregua entre los grupos en guerra, López Obrador dijo: “Lo veo muy bien”.

Al presidente de México no le gusta la policía y le gustaría depender del ejército para todo. Disolvió la antigua policía federal tras acusarla de corrupción y recortó casi todos los fondos federales para entrenar y equipar a las policías locales.

A diferencia de otras ciudades, Celaya, un centro agrícola e industrial al noroeste de Ciudad de México, se ha negado a eliminar su fuerza policial local y depender casi por completo de los soldados y de la cuasimilitar Guardia Nacional para la vigilancia.

Eso significa que ha tenido que enfrentarse al cártel de Santa Rosa de Lima, un grupo tan irreflexivamente violento que de todos modos cualquier tipo de tregua o negociación probablemente habría sido rechazada.

David Saucedo, analista de seguridad de Guanajuato, refirió que el cártel de Santa Rosa de Lima controlaba Celaya, y que el actual alcalde, Javier Mendoza, tomó la decisión de quitarle el control al grupo criminal. Fue una decisión que le costó la vida al hijo del alcalde, que fue asesinado a tiros el año pasado.

Ahora el cártel intenta cazar a los policías de Celaya hasta someterlos o extinguirlos. Dos agentes fueron asesinados en su auto el domingo en Irapuato, la ciudad vecina, y el cártel de Santa Rosa de Lima se atribuyó la responsabilidad.

Los asesinatos de policías en México aumentaron el año pasado a pesar que López Obrador afirma que las cifras generales de homicidios han disminuido bajo su gobierno.

“La seguridad de la ciudadanía no está puesta en el tema de las negociaciones. Jamás”, dijo Jesús Rivera Peralta, jefe de la Policía de Celaya. “Los delincuentes no tienen valores. Los delincuentes no (los) tienen. No, no podemos negociar con el diablo. Eso es imposible”.

Rivera Peralta declaró sentirse orgulloso del eslogan del alcalde: “Con todo, de frente y sin miedo”.

Bajo el enfoque del presidente, México lidia con una escasez de policías —en algunas ciudades no hay ninguno— y, al mismo tiempo, miles de expolicías federales experimentados que optaron por no unirse a la Guardia Nacional militarizada ahora están desempleados.

Celaya decidió contratar a algunos de ellos.

Rivera Peralta, como la mayor parte de su fuerza, es exmiembro de la policía federal. Casi ninguno es de Celaya. Viven en cuarteles seguros y salen sólo a patrullar, lo que les valió el sobrenombre de “Fedepales”, una combinación de “federales” y “municipales”.

Como son no son originarios de allí, es menos probable que los nuevos policías tengan vínculos con el cártel, enfatizó Saucedo.

La mayoría de los lugareños que solían trabajar como policías municipales ha dimitido y es fácil ver por qué. Estefani, una policía de Celaya que no quiso dar su apellido por razones de seguridad, escapó por poco de un ataque cuando conducía hacia su trabajo a principios de 2023. Al parecer, el cártel conocía su ruta.

“Me tocó el auto en un semáforo (en rojo) y pues nada más, este, vi dos tipos en una moto y me dispararon”, refirió Estefani. “Me fueron tres impactos. Tuve uno en la cara del lado izquierdo. Este, de hecho, tengo mis cicatrices. La bala se quedó en mi cuello”.

Mientras la sangre corría, caminó hasta una clínica. Los médicos lograron estabilizarla.

Era una escena muy frecuente.

“En la actualidad las agresiones que hemos recibido han derivado, este, precisamente por motociclistas. Siempre son dos personas (con) vestimentas negras. Entonces ya es como una particularidad”, dijo un policía quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

Los agresores suelen ser hombres jóvenes, quienes a menudo portan un fusil AR-15 sin la culata para hacerlo más corto.

La policía de Celaya ahora desconfía de las motocicletas.

Un par de residentes, quienes no quisieron dar sus nombres por temor a represalias, hablaron despectivamente de los “fedepales” a quienes acusaron de marcar el alto a motocicletas para comprobar si son vehículos robados y luego llevarse las motos.

Pero durante un recorrido junto con policías que realizaban controles de rutina a las motocicletas, otros residentes los saludaban amistosamente.

A López Obrador le gustaría depender más de los militares; quiere entregar el control de la Guardia Nacional al ejército, pero al mismo tiempo no quiere que las tropas se enfrenten directamente a los cárteles.

Eso ha dado lugar a escenas extrañas. Por ejemplo, en el vecino estado de Michoacán, un camión de la Guardia Nacional o del ejército puede patrullar por una tienda de abarrotes, pero en la tienda todo cuesta un 40% más de lo normal porque su dueño es forzado a pagar dinero por protección al cártel local.

La Guardia Nacional no arresta a muchos sospechosos ni investiga delitos. Al igual que el ejército, principalmente obedece órdenes y arresta a los delincuentes sólo si son sorprendidos en el acto.

Celaya, inusual entre las policías municipales, hace su propia labor de inteligencia e investigación.

“¿De que sirve ver soldados y Guardia Nacional en la calle si no hacen nada? Nada más ponen el listón amarillo ya que pasó algo”, dijo Amadeo Hernández Barajas, un agricultor en Acámbaro, un pueblo al sur de Celaya. Agregó que el cártel obliga a muchos agricultores a pagar un impuesto por cada tonelada de maíz producida.

Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial del partido Morena de López Obrador para las elecciones del 2 de junio, promete apegarse al enfoque de él.

“Atenderemos la seguridad desde la perspectiva de atención a las causas y de la cero impunidad”, dijo Sheinbaum en su primer acto de campaña. “No nos vayamos con esas ideas de ‘la mano dura’. No, eso no es de nosotros”.

La noción de que los cárteles se quedarán sin reclutas a medida que los programas gubernamentales de becas y capacitación brinden a los jóvenes otras oportunidades parece muy lejana. Los grupos criminales han comenzado a reclutar sicarios más jóvenes, así como combatientes experimentados de Sudamérica y el norte de México.

Rivera Peralta indica que la mitad de todos los sospechosos arrestados en Celaya tienen ahora entre 14 y 24 años. También han capturado a pistoleros de Los Escorpiones, un grupo criminal con base en la ciudad fronteriza de Matamoros, y a varios exguerrilleros de Colombia.

Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de oposición, adopta un enfoque diferente. Se compromete a duplicar el número de soldados de la Guardia Nacional, pero también a restablecer la financiación para la formación y el equipamiento de las fuerzas policiales locales.

“No podemos tener policías que nos cuiden si no cuidamos a nuestros policías”, dijo en el lanzamiento de su campaña.

Por su parte, la policía de Celaya confía en “el hombre de la torre”, un puesto de tiro que está soldado a la caja de una camioneta pickup. La “torre” tiene un rango de visión más alto y más amplio para que el oficial en su interior detecte cualquier ataque que se avecine —con un fusil automático Galil.

Un policía dijo que él era su primera línea de defensa; la punta de lanza para resistir cualquier ataque.