Buenos Aires. A poco más de un mes de su llegada a la presidencia de Argentina, el ultraliberal Javier Milei enfrentaba el miércoles la primera huelga general encabezada por la mayor central sindical en rechazo a las reformas económicas y laborales que limitan el poder de los gremios y las políticas de recorte del gasto público.

El paro incluyó una movilización de la que también participaron organizaciones sociales y partidos políticos opositores al gobierno del economista de extrema derecha que asumió el 10 de diciembre y que se propone una reducción drástica del déficit fiscal, al que responsabiliza mayormente de la inflación de 211% anual.

La huelga fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y cuenta con la adhesión de otras centrales sindicales que rechazan un decreto presidencial con modificaciones a la legislación laboral que reducen beneficios para los sindicatos y trabajadores, así como un amplio proyecto de ley que incluye reformas en los ámbitos político, fiscal, jubilatorio y administrativo y una reducción del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales.

Hasta primeras horas de la tarde el paro no se sentía con demasiada fuerza en las calles de la capital, donde en varios barrios los comercios operaban con normalidad.

El transporte público funcionará hasta las 7:00 p.m. para facilitar la movilidad de los manifestantes que se congregaron frente al Congreso. Columnas de integrantes de sindicatos, un sector del peronismo y fuerzas políticas de izquierda ocuparon la plaza ubicada frente al edificio legislativo mientras otras movilizaciones se replicaron en distintas ciudades, como Mendoza y Mar del Plata.

Héctor Daer, secretario general de la CGT, arremetió desde un escenario en contra del decreto presidencial y sostuvo que “destruye derechos individuales de los trabajadores, derechos colectivos y quiere eliminar la posibilidad de acción gremial en momentos en que tenemos una gran desigualdad en la sociedad “.

“Lo que quieren es destruir el Estado, que es la única institución de gobierno que permite el equilibrio social y la distribución de la riqueza”, sostuvo el sindicalista.

Pablo Moyano, del gremio de los conductores de camiones, criticó al ministro de Economía Luis Caputo y sostuvo que “si lleva esas medidas de ajuste, de hambre, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas, pero para tirarlo al riachuelo”, en referencia al río contaminado que transcurre por el sur de la capital.

La docente Karina Villagra afirmó que si las medidas salen adelante “vamos a perder más derechos los que trabajamos... la militancia debe estar más fuerte que nunca”.

Tras las palabras de los líderes sindicales, los manifestantes comenzaron a desconcentrarse. Según el Ministerio de Seguridad, unas 40.000 personas participaron en la protesta.

El proyecto legislativo, que busca la privatización de empresas estatales y el incremento de impuestos a las exportaciones de ciertos sectores, encara un futuro incierto ya que el oficialismo está en clara desventaja numérica en ambas cámaras legislativas.

Milei, que fue elegido en el balotaje de noviembre con 56% de apoyo, afronta esta huelga con 55,9% de valoración positiva y 36,6% negativa, según un sondeo de la consultora CB Consultora Opinión publicada en la prensa. El estudio incluyó entrevistas a 1.347 personas realizadas entre el 10 y el 13 de enero y tiene un margen de error de 2,5 puntos porcentuales.

Otro sondeo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) señaló en tanto que el mandatario tiene 52% de imagen positiva—respecto del 61% con que contaba el día que asumió— y 43% de negativa. El estudio incluyó 1.253 casos.

Laura Martínez, empleada en una inmobiliaria que no cerró sus puertas, dijo que “no es necesario” un paro a poco más de 40 días del inicio de la gestión presidencial.

“Hay que esperar; yo creo que hasta octubre no vamos a ver algo que diga ‘vamos por buen camino’. Hay dos problemas muy importantes: la inflación y la inseguridad”, sostuvo la mujer, quien dijo ser votante de Milei.

Martínez acotó que las medidas de ajuste que impulsa el líder de La Libertad Avanza deben “ir para todos: para el político, el sector empresario, el campo, el empleado...”. Y agregó que “hay que eliminar al sindicalismo porque no está del lado del trabajador y es corrupto”.

El analista político Sergio Berensztein señaló a AP que aunque la gente tiene razones legítimas para quejarse —una inflación de tres dígitos y una fuerte devaluación de la moneda poco después de que Milei asumiera el gobierno—, el principal motivo de la protesta entre bastidores es que el decreto y el proyecto de ley debilitarían el poder sindical.

“Si (los sindicalistas) no se quejan, su capacidad de negociación va a caer dramáticamente y su influencia en la política va a disminuir”, dijo el titular de la consultora Berensztein. Añadió que Milei “se siente muy cómodo enfrentándose a estos líderes sindicales”, ya que sigue siendo “muy popular” mientras que aquellos son impopulares.

Según Benjamin Gedan, director del programa sobre América Latina del Wilson Center de Washington, “aunque Milei actúa como si tuviera un mandato claro, muchos de sus votantes han rechazado el peronismo en lugar de apoyar plenamente sus propuestas de austeridad”.

El analista recalcó que “Milei puede sobrevivir a un nivel razonable de malestar social y protestas callejeras; un solo día de huelga no paralizará la economía argentina ni espantará a los independientes en el Congreso para que salgan corriendo hacia las salidas”.

Durante la jornada de protesta los aeropuertos de Buenos Aires permanecían abiertos. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 267 vuelos y la reprogramación de otros 26 por la adhesión de los distintos gremios aeronáuticos al paro, lo que afecta a más de 17.000 pasajeros.

Según el gobierno, la huelga supondrá una perdida de 2,5 millones de dólares.

Los bancos, la administración pública, las gasolineras, el personal de salud y la recolección de residuos funcionaban de forma limitada.

La CGT anunció el paro el 28 de diciembre, la primera vez que lo hizo contra un gobierno que llevaba menos de un mes en el poder desde el retorno de la democracia en 1983. Por otro lado, esta es la primera huelga en más de cuatro años del sindicalismo, que durante del gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) no llevó a cabo una medida similar.

El gobierno de Milei lo considera un paro político y acusa a sus organizadores de ser unos “mafiosos” y resistirse al cambio que decidió la sociedad cuando votó al líder de La Libertad Avanza.

Adorni señaló que “no se puede dialogar con gente que intenta parar el país y (el paro) muestra un costado bastante antidemocrático”.

El decreto que es blanco de las críticas incluye la derogación o modificación de cientos de leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado.

En materia laboral, restringe el derecho a la huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte y abre el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.

A su vez habilita a los trabajadores a dirigir sus aportes en forma directa a los prestadores de salud privada en vez de hacerlo a través de los de los sindicatos, lo cual afecta una importante caja de recursos de los gremios.

El capítulo laboral de este decreto ha sido suspendido en instancias judiciales y se prevé que la Corte Suprema se pronuncie próximamente.

Todas las iniciativas oficialistas —que en gran parte son apoyadas por sectores empresariales— buscan, según ha aseverado el mandatario, combatir la suba de precios y reducir así la pobreza que afecta a más de 40% de la población y sentar las bases para lograr la estabilidad y el crecimiento económico.

Si bien es el primer paro contra Milei, la movilización callejera será la tercera gran protesta desde que el economista asumió la presidencia.