Seúl. Las autoridades policiales de Corea del Sur buscan llamar a declarar al presidente Yoon Suk Yeol, quien enfrenta un proceso de juicio político, sobre su breve decreto de ley marcial, mientras la Corte Constitucional inició el lunes con su primera reunión relacionada con el caso de Yoon para determinar si debe ser destituido o ratificado en el cargo.

Un equipo de investigación conjunto compuesto por la policía, una agencia anticorrupción y el Ministerio de Defensa indicó que planea presentar una solicitud a la oficina de Yoon para que el mandatario comparezca el miércoles, mientras se expande una investigación sobre si su decreto encaja en la definición de una rebelión.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, votó el sábado a favor de llevar a Yoon a juicio político por su decreto de ley marcial del 3 de diciembre. Sus facultades presidenciales quedarán suspendidas hasta que la Corte Constitucional decida si es destituido formalmente del cargo o se le restituye. En caso de una destitución, el país debe celebrar una elección para elegir un sucesor en un plazo de 60 días.

Yoon ha justificado su aplicación de la ley marcial como un acto de gobierno necesario en contra de una oposición a la que calificó como “fuerzas antiestatales” que obstaculizan su agenda, por lo que juró “luchar hasta el final” contra los intentos para retirarlo del cargo.

Cientos de miles de manifestantes han salido a las calles de la capital, Seúl, en los últimos días para exigir la destitución y el arresto de Yoon.

De momento se desconoce si Yoon accederá a la solicitud de los investigadores. La fiscalía surcoreana, que impulsa otra investigación relacionada con el incidente, también habría solicitado que Yoon comparezca para ser interrogado el domingo, a lo que el mandatario se negó. La fiscalía no respondió de inmediato a varias llamadas en busca de comentarios.

El servicio de seguridad de la oficina de Yoon también se ha opuesto a los intentos de la policía de buscar evidencia dentro del complejo.

La solicitud se realizó antes de la reunión de la Corte Constitucional para discutir. El tribunal tiene hasta 180 días para emitir un fallo. Pero los expertos indican que la corte podría dar a conocer su decisión antes de ese plazo.

En los casos previos de destituciones presidenciales —Roh Moo-hyun en 2004 y Park Geun-hye en 2016— el tribunal tardó 63 y 91 días, respectivamente, antes de tomar la decisión de decidir restituir a Roh y destituir a Park.

El primer ministro Han Duck-soo, quien servirá como gobernante interino durante la suspensión de poderes de Yoon, y otros funcionarios del gobierno han tratado de tranquilizar a sus aliados y a los mercados después de que la sorpresiva maniobra de Yoon paralizó la política, detuvo la diplomacia de alto nivel y complicó los esfuerzos por revivir una tambaleante economía.

El líder de la oposición, Lee Jae-myung, cuyo Partido Democrático tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, instó a la Corte Constitucional emitir lo más pronto posible un fallo sobre la destitución de Yoon y propuso la creación de un consejo especial para la cooperación política entre el gobierno y el parlamento.

Lee, un combativo legislador que durante años encabezó una ofensiva política contra el gobierno de Yoon, es considerado como el favorito para tomar su lugar. Perdió las elecciones presidenciales de 2022 ante Yoon por un margen muy estrecho.

Kweon Seong-dong, líder del grupo parlamentario del Partido del Poder Popular de Yoon, criticó por separado la propuesta de Lee, diciendo que “no es correcto” que el partido de oposición actúe como si fuera el partido gobernante.

Kweon dijo que su partido utilizará los canales de diálogo existentes con el gobierno “para continuar asumiendo la responsabilidad como el partido gobernante hasta el final del mandato del presidente Yoon”.

La aprobación de la moción para iniciar juicio político de Yoon, que fue respaldada en el Parlamento por algunos de los legisladores del gobernante Partido del Poder Popular, ha creado una profunda brecha dentro del partido entre los leales a Yoon y sus oponentes. El lunes, el presidente del PPP, Han Dong-hun, un fuerte crítico de la ley marcial de Yoon, anunció su dimisión.

“Si la ley marcial no se hubiera levantado esa noche, podría haber estallado un incidente sangriento esa mañana entre los ciudadanos que habrían salido a las calles y nuestros jóvenes soldados”, dijo Han en una conferencia de prensa.

La imposición de la ley marcial por parte de Yoon el 3 de diciembre, la primera de su tipo en más de cuatro décadas, se remonta a una era de líderes autoritarios que el país no había visto desde la década de 1980. Yoon se vio obligado a levantar su decreto horas más tarde, luego que el Parlamento votara unánimemente para revocarlo.

Yoon envió cientos de tropas y policías al Parlamento en un esfuerzo por detener la votación, pero se retiraron después que el Parlamento rechazó el decreto de Yoon. No se produjeron actos de violencia importantes.

Los partidos de oposición han acusado a Yoon de rebelión, aseverando que un presidente en Corea del Sur puede declarar la ley marcial sólo durante tiempos de guerra o emergencias similares y que no tendría derecho a suspender las operaciones del Parlamento ni siquiera en esos casos.