SAO PAULO.  Los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil empezaron a sopesar el miércoles si declararán culpables a los acusados de irrumpir en oficinas gubernamentales el 8 de enero, en un supuesto intento de restituir por la fuerza al expresidente Jair Bolsonaro en el cargo.

El caso de Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 años y simpatizante de Bolsonaro, es el primero en ser analizado.

En enero, las cámaras en el Senado lo captaron portando una camiseta en la que pedía un golpe de Estado y grabando un video en el que elogiaba a otras personas que también habían irrumpido en el edificio. Casi 1,500 personas fueron detenidas el día de los disturbios, aunque la mayoría han sido puestas en libertad.

Pereira rechazó haber cometido alguna acción indebida, y alegó que participó en una manifestación pacífica de personas desarmadas.

Otros tres acusados también fueron juzgados el miércoles en el marco del mismo caso, pero la decisión final sobre cada uno de ellos podría prolongarse durante los próximos días.

Los alborotadores se negaron a aceptar la derrota del presidente derechista frente a Luiz Inácio Lula da Silva, cuya inauguración en el cargo tuvo lugar una semana antes de la revuelta. El izquierdista Lula también gobernó Brasil de 2003 a 2010, y venció a Bolsonaro por el margen más estrecho de la historia moderna de Brasil.

Los agitadores pro-Bolsonaro causaron enormes destrozos en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial. Saltaron las barricadas de seguridad, subieron a los techos, rompieron ventanas e invadieron los tres edificios, que se cree estaban vacíos en su mayor parte el fin de semana del incidente.

Lula ha acusado a Bolsonaro de alentar la revuelta.

El incidente hizo recordar el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del entonces presidente Donald Trump. Diversos políticos advirtieron durante meses que en Brasil existía la posibilidad de que ocurriera un levantamiento similar, dado que Bolsonaro había sembrado dudas sobre la confiabilidad del sistema de voto electrónico de la nación, sin ofrecer evidencia al respecto.