BUENOS AIRES. Un tribunal federal argentino inició el miércoles el juicio oral a los tres acusados por el intento de homicidio en 2022 de la exvicepresidenta Cristina Fernández, una de las figuras políticas más poderosas y divisivas de las últimas dos décadas.

El proceso tiene como imputados a Fernando Sabag Montiel, quien el 1 de septiembre de 2022 gatilló una pistola en la cabeza de la entonces vicepresidenta (2019-2023) en plena vía pública; su entonces pareja Brenda Uliarte, considerada coautora del intento de agresión, y Nicolás Carrizo, allegado de ambos y quien está imputado como partícipe secundario.

Durante el juicio desfilarán más de 200 testigos, entre ellos la también exmandataria (2007-2015), quien además es querellante y está disconforme con la investigación que llevó a cabo la justicia al considerar que no ahondó en la autoría ideológica del ataque y sospecha que sectores opositores podrían haberlo ideado y financiado.

Fernández posteó poco después del inicio del juicio en su cuenta de X —antes Twitter— un mensaje del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el peronista Juan Martín Mena, diciendo que el intento de asesinato fue “uno de los hechos más graves desde la recuperación democrática” en 1983. El funcionario agregó que “salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo. Un liso y llano encubrimiento”.

Los tres detenidos, quienes estaban presentes en la primera audiencia, también son conocidos como “La Banda de los Copitos”. Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña y residente en Argentina desde hace décadas, trabajaba junto a Uliarte vendiendo algodón de azúcar, supuestamente a las órdenes de Carrizo.

El principal acusado por el frustrado atentado dijo en una entrevista periodística en 2023 desde la cárcel que actuó solo, que no se arrepentía del hecho y que la bala no salió porque se puso nervioso. Los otros dos acusados han sostenido su inocencia.

Sabag Montiel, que vestía una campera bordó y llevaba una barba crecida, mostró un cartel escrito a mano que decía “me tienen secuestrado”.

Durante la primera audiencia, el secretario del tribunal leyó los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y la querella en los que están detalladas las acusaciones.

Carlos Rívolo, el fiscal a cargo de la investigación, consideró a mediados de 2023 que no había pruebas sobre una financiación ni planeación política del intento de homicidio y pidió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que enviara a juicio oral la causa. La magistrada había delegado la investigación en el fiscal porque Fernández puso en duda su imparcialidad.

Rívolo dijo que toda la prueba recabada hasta ese momento impedía considerar que hubiera existido “una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados”.

El intento de asesinato se produjo frente al domicilio en Buenos Aires de la entonces vicepresidenta, ahora de 71 años, adonde se habían concentrado cientos de sus seguidores para darle apoyo cuando se desarrollaba un juicio oral en su contra por supuesta corrupción. Tiempo después ese proceso derivó en una condena para Fernández de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado, que la dirigente política apeló.

En medio de ese grupo de simpatizantes estaban Sabag Montiel y su novia. Cuando la entonces vicepresidenta se acercó, el hombre apuntó con una pistola Bersa a unos 20 centímetros de su rostro y gatilló. Según expertos, la bala no salió porque no estaba en la recámara.

El intento de asesinato no fue advertido por Fernández ni por su custodia. La detención del agresor fue llevada a cabo por un grupo de militantes de la dirigente peronista que presenciaron la maniobra y levantaron el arma del suelo. Horas después fueron arrestados los otros dos presuntos implicados en el hecho.

Si bien los tres detenidos carecían de filiación política, eran muy activos en las redes sociales contra el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández y en especial contra la vicepresidenta.

En el transcurso de la investigación Fernández pidió la profundización de otras líneas de investigación, como las relacionadas con un diputado opositor y la agrupación de extrema derecha en algunas de cuyas protestas en contra del gobierno participó Uliarte, que no forman parte del expediente elevado a juicio y son analizadas de forma separada.

Los abogados de la exmandataria han apuntado al respecto contra el entonces diputado opositor Gerardo Milman, luego de que el asesor de un legislador oficialista contó que lo había escuchado diciendo en un bar cercano al Congreso a sendas colaboradoras “cuando la maten yo voy a estar camino a la costa” dos días antes del ataque. El legislador señalado ha negado cualquier implicación en el hecho.

Se espera que el proceso oral se prolongue durante un año.