Londres. Todas las personas que quieran entrar en Inglaterra desde el extranjero, incluso los ciudadanos británicos, deberán contar a partir de la próxima semana con una prueba negativa de COVID-19, anunció este viernes el gobierno.

Esta prueba, que Escocia espera aplicar también pronto, ya es exigida por otros países para contener la pandemia.

Según el ministro británico de Transporte, Grant Shapps, todos los pasajeros que entren en Inglaterra por avión, tren o barco deberán disponer de una prueba negativa de COVID-19, que deberá hacerse 72 horas antes de emprender el viaje, de lo contrario estarán obligados a pagar una multa de 500 libras (553 euros).

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Las personas que estarán exentas de esta regulación serán los transportistas, los niños menores de 11 años y tripulación procedente de países que no tengan la infraestructura para realizar estas pruebas del coronavirus.

El gobierno indicó que trabaja con las autoridades autonómicas de Gales e Irlanda del Norte para aplicar esta medida, mientras que el Ejecutivo escocés indicó que espera adoptarlo también aunque puntualizó que Escocia ya mantiene la ilegalidad de hacer viajes no esenciales desde y hacia esa región.

Hace unas semanas, el gobierno británico suspendió los vuelos directos desde Sudáfrica ante la aparición de una nueva variante del coronavirus que podría ser más virulenta que la detectada el año pasado en el sureste de Inglaterra.

“Ya tenemos medidas significativas para prevenir casos importados de COVID-19, pero con nuevas cepas que aparecen internacionalmente, tenemos que tomar más precauciones”, dijo Shapps en un comunicado.

Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró ayer un total de 1,162 nuevos fallecimientos por COVID-19, y continúa la tendencia ascendente de los últimos días.

Desde el comienzo de la pandemia, el Reino Unido ha registrado ya un total de 78,508 muertes y 2,889,419 contagios.

El país aceleró el programa de vacunación con los preparados de Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca, y se marcó como objetivo vacunar a los grupos más vulnerables -13 millones de personas- para el próximo 15 de febrero.