La iglesia católica de Nicaragua suspendió las procesiones en el país y las misas presenciales en algunas zonas del interior ante un supuesto rebrote de COVID-19 que, según las autoridades religiosas, se ha cobrado la vida de 14 sacerdotes, cuatro de ellos en las últimas tres semanas.

En un comunicado, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Ticuantepe, al oriente de Managua, informó que han reforzado sus medidas de bioseguridad, incluyendo la prohibición de las misas de cuerpo presente. “Se suspenden las eucaristías presenciales en las comunidades hasta nuevo aviso”, anunciaron los encargados de la parroquia e indicaron que solo continuarán realizando misas en seis templos católicos de la zona urbana de Ticuantepe. Tampoco se harán más visitas a enfermos ni confesiones presenciales, agregó el informe.

Autoridades de la Conferencia Episcopal dijeron esta semana que están valorando la posibilidad de extender esas medidas restrictivas a todos los recintos católicos del país, donde según el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, el nuevo coronavirus ha causado la muerte de 14 sacerdotes desde que la pandemia apareció en el país en marzo de 2020.

La emergencia sanitaria está dejando una “tendalada (gran cantidad) de muertos”, dijo monseñor Álvarez en su más reciente homilía, el jueves anterior, cuando divulgó los nombres de 14 religiosos fallecidos y pidió rezar por la salud de otros tres enfermos. “El norte está grave de coronavirus. Y el país entero también. Por favor, cuidémonos. Dios nos ampare a todos”, insistió la víspera en su cuenta de Twitter.

El Ministerio de Salud (Minsa) no ha confirmado estos decesos y desde hace varios meses solamente reporta un fallecido por semana en el país. Sin embargo, el más reciente boletín sanitario el pasado martes registró 421 nuevos contagios, una de las cifras oficiales más altas de este año. En total el Minsa contabiliza 10,475 casos y 198 muertes desde el inicio de la pandemia.

Contrario a estos datos, el Observatorio Ciudadano, una red de activistas y médicos independientes, reportó 89 muertos y 350 nuevos casos de pacientes con síntomas asociados a COVID-19 en la última semana. La misma red registra 20,636 afectados y 3,807 muertos por “causas asociadas” al coronavirus desde marzo de 2020, una cifra sin confirmar debido a que solo el gobierno está autorizado para realizar pruebas y emitir diagnósticos.

En medio de los reportes extraoficiales sobre un supuesto repunte de COVID-19, la Arquidiócesis de Managua suspendió a inicios de agosto la popular fiesta anual de Santo Domingo de Guzmán, patrono de la capital, pero la Alcaldía sandinista organizó igualmente las procesiones con una réplica de la venerada estatuilla.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha criticado al gobierno del presidente Daniel Ortega por promover actividades masivas como festivales, marchas políticas y eventos deportivos por considerar que estimulan las aglomeraciones y el riesgo de más contagios.

“Hemos perdido, víctimas del COVID-19, a sacerdotes, religiosos e innumerables fieles comprometidos con el trabajo pastoral, contagiados en el servicio a sus hermanos”, indicó un reciente boletín del Episcopado, al confirmar que la muerte del obispo de León, monseñor Bosco Vivas, ocurrida en junio de 2020, fue por la misma enfermedad.

Las autoridades católicas han sido acusadas en los últimos días por Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de haber apoyado la revuelta social de 2018, que el gobierno califica como “un fallido golpe de Estado”.

“Algunos curas son hijos del demonio, no son hijos de Dios”, dijo Ortega en un acto de aniversario de la Fuerza Naval, el pasado sábado. “Perdemos la confianza en una institución que no nos defendió como hijos de Dios a todos, sino que defendió crímenes de lesa humanidad”, agregó Murillo el mismo día.

Consultado al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Leopoldo Brenes, declaró al canal 12 de televisión que “la iglesia no está para complacer los sentimientos de las autoridades (ni) los sentimientos o los deseos de líderes o personalidades”. Y remató: “La iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores”.

Las protestas sociales de 2018 fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares, cuya acción dejó 328 muertos, más de 2,000 heridos, unos 1,600 detenidos en distintos momentos y más de 100,000 emigrados y exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El gobierno reportó 200 fallecidos.