El Gobierno español aprobó este martes un proyecto de modificación de la ley del aborto, cuyo objetivo es garantizarlo en la sanidad pública y que las mujeres de 16 y 17 años no necesiten ya el consentimiento de los padres para interrumpir el embarazo voluntariamente.

También regula otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como las bajas laborales temporales por menstruaciones dolorosas costeadas desde el primer día por la Seguridad Social.

La propuesta legislativa pasa ahora al Parlamento, que puede enmendarla antes de que su aprobación sea definitiva.

En rueda de prensa, la ministra de Igualdad, la izquierdista Irene Motero, argumentó este lunes que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo forma parte de un derecho fundamental, el de la salud.

El aborto fue ilegal en España hasta 1985, cuando una ley promovida por los socialistas lo despenalizó en las primeras 12 semanas de embarazo en el supuesto de violación, hasta 22 semanas en casos de riesgos de malformaciones del feto y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física y mental de la madre.

La ley de 2010, también con un Gobierno socialista, estableció el aborto libre como un “derecho” hasta la semana 14 de gestación, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto, siempre, en este último caso, con un dictamen de dos médicos especialistas distintos de los que practicasen la intervención.

En los casos de chicas de 16 y 17 años que quisieran abortar -uno de los aspectos más controvertidos-, al menos uno de los padres o tutores legales debía ser informado, excepto si alegasen riesgo de amenazas, coacciones o malos tratos en el ámbito familiar, en cuyo caso la decisión recaería en el médico.

Posteriormente, en 2015, los conservadores acometieron una reforma parcial muy limitada, por la que esas menores de edad deberían contar con la autorización de los progenitores o tutores y, en caso contrario, tendrían que acudir a la vía judicial.

Ahora, a propuesta del Ministerio de Igualdad, el proyecto del Gobierno restablece la libertad para que esas personas puedan abortar voluntariamente sin necesidad del consentimiento paterno.

PRIORIDAD DE LOS CENTROS PÚBLICOS

Con la nueva ley, la sanidad pública será “la red de referencia” para el aborto voluntario. Se crea un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia, como en la ley de eutanasia, y quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.

En la actualidad, la inmensa mayoría de abortos en España, más del 84 %, según el Ministerio de Sanidad, se practican en centros privados que tienen acuerdos con la Seguridad Social.

Además, la norma hace hincapié en que los centros donde puedan abortar las mujeres estén lo más cerca posible de su domicilio habitual y elimina los tres días de reflexión que existen ahora antes de abortar. Las mujeres se podrán tomar el tiempo que necesiten para decidir.

Contempla también la atención durante el posparto y un acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.

La nueva ley incluye, asimismo, el derecho a la incapacidad temporal en la semana 39 del embarazo y también por aborto.

BAJA LABORAL POR REGLA DOLOROSA

Una de las novedades principales, que ha generado debate social, es el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido por el Estado. No se exigirá un mínimo cotizado a la Seguridad Social y durará lo que necesite cada mujer.

Además, para acabar con la pobreza menstrual, se repartirán gratuitamente productos de higiene femenina como tampones y compresas en institutos de educación, prisiones, centros de la mujer y organismos públicos.

Montero destacó que el Ejecutivo español, una coalición entre socialistas y Unidas Podemos (izquierda), es “feminista” y “garantiza derechos para todas las mujeres”.

Las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social, después de que la sanidad pública dejara de financiar varias en 2013, tras años incluidas en el catálogo.

La educación sexual estará presente de forma obligatoria en todas las etapas de la enseñanza, desde la primera infancia para que los menores conozcan mejor sus cuerpos, las relaciones sexuales se basen en el consentimiento y se prevengan enfermedades de transmisión sexual.

La ley considera la gestación subrogada (los llamados “vientres de alquiler”) una forma de violencia contra las mujeres, de manera que se perseguirá a las agencias que promueven esta práctica, que es ilegal en España, y se prohíbe su publicidad, aunque no se castigará a quienes acudan a estas empresas.