CARACAS (AP) — La Fiscalía General de Venezuela abrió una investigación a las autoridades electorales luego de que una empresa de tecnología informática denunciara la supuesta manipulación de los resultados de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. 

 El Ministerio Público nombró a dos fiscales para que investiguen a cuatro de los cinco directores del Consejo Nacional Electoral tras la denuncia de Smartmatic, informó la noche del miércoles la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien consideró al hecho “demasiado grave”. 

Ortega Díaz dijo en una entrevista con la cadena CNN en Español que es probable que en las elecciones de los constituyentes del 30 de julio “ni siquiera haya participado el 15% de los electores”.

 “Pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad”, afirmó la alta funcionaria que por años estuvo vinculada al oficialismo y que ahora está enfrentada al gobierno. 

La fiscal general hizo el anuncio horas después de que el director general de Smartmatic, Antonio Mugica, informara desde Londres que había una discrepancia de un millón de votos en las cifras de participación de los comicios. 

Una comisión especial de la Asamblea Nacional acudió el jueves a la Fiscalía General para solicitar la investigación de la denuncia de Smartmatic. 

Al rechazar la denuncia el presidente Nicolás Maduro afirmó que el directivo de la firma trató de “manchar el proceso” debido a las “presiones” que recibió sobre el cierre de cuentas bancarias de la compañía en Estados Unidos. 

La presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, vinculada al oficialismo, también objetó la declaración de la compañía que provee servicios a ese organismo desde 2004 y dijo que Smartmatic participó en todas las auditorías del proceso. 

Lucena, que fue sancionada la semana pasada por Estados Unidos, dijo que el Consejo Nacional Electoral se reserva las acciones legales ante “tan irresponsables declaraciones”. 

El Consejo Nacional Electoral informó el domingo que 8 millones de personas participaron en la elección. La oposición sostiene que solo votaron cerca de 3.5 millones de personas. 

Las denuncias se producen a horas de la instalación de la Asamblea Constituyente prevista para el viernes. La coalición opositora convocó para ese día a una marcha en Caracas contra el proceso para reformar la carta magna. 

La instalación de la Asamblea Constituyente ha generado gran expectativa ante las acciones que podría tomar. Maduro adelantó que el nuevo cuerpo tendrá entre sus primeras tareas “tomar el mando” de la Fiscalía y revisar la inmunidad de los diputados. 

A menos de 48 horas de la elección las autoridades judiciales revocaron el arresto domiciliario que tenían el dirigente opositor Leopoldo López y el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y los regresaron a la cárcel militar de Ramo Verde, donde habían estado detenidos previamente. 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia destituyó y condenó a 15 meses de cárcel al alcalde opositor de la ciudad de Mérida, Carlos García, por no cumplir una sentencia que lo obligaba a desbloquear las vías donde había barricadas. 

García es el tercer alcalde opositor que en menos de un mes es destituido y condenado por el máximo tribunal, señalado de estar controlado por el oficialismo. Las autoridades detuvieron la semana pasada al alcalde opositor de la ciudad central de Barquisimeto, Alfredo Ramos, por un proceso similar. 

El exalcalde opositor del municipio de Lecherías, Gustavo Marcano, quien también fue removido de su cargo y condenado a prisión por el Tribunal Supremo, se reunió el jueves en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar su caso. Desde que fue sentenciado se desconocía su paradero. 

Más de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, han criticado la elección de los constituyentes y desconocieron sus resultados. Washington, que hace unos días congeló los activos de Maduro en territorio estadounidense y prohibió hacer tratos con él, amenazó también con imponer sanciones económicas a Venezuela. 

El gobierno avanza en la reforma de la carta magna en medio de la tensión política generada por las protestas que se han extendido por cuatro meses y que han dejado al menos 121 muertos, casi 2,000 heridos y más de 500 detenidos.