Buenos Aires, Argentina. El fiscal federal del juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió el lunes una condena a 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales a un empresario allegado.

Al pedir la pena para la también exmandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno (2007-2015), el fiscal federal Diego Luciani dijo que “estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de 1,000 millones de dólares.

La exmandataria ha negado los cargos y sostiene que el tribunal que la juzga desde hace tres años ya tiene “escrita y hasta firmada” la sentencia en su contra.

“La matriz de corrupción permanece intacta y no ha podido ser desterrada... es necesario a partir de este caso producir una modificación trascendental”, dijo el fiscal en su alegato tras tres años de juicio. “Es corrupción o justicia, ustedes tienen la decisión final”, agregó dirigiéndose a los jueces del tribunal.

Este es el primer pedido de condena contra la expresidenta en la docena de causas judiciales por diversos delitos que se iniciaron en su contra, algunas de las cuales fueron cerradas y otras continúan bajo investigación.

En un comunicado emitido apenas concluido el alegato, el gobierno de Alberto Fernández condenó “la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta”.

“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, agregó el comunicado.

Fernández de Kirchner, de 69 años, está acusada de haber liderado una asociación delictiva que benefició con unas 51 obras viales -muchas de ellas no terminadas- al empresario Lázaro Báez en la provincia sureña de Santa Cruz, así como de fraude en perjuicio de la administración pública.

Según la fiscalía, la empresa Austral Construcciones que encabezaba Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones y cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner la empresa desapareció. “Austral Construcciones sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, sostuvo Luciani.

Otras 12 personas están imputadas, entre ellas varios exfuncionarios y el empresario Báez. El fiscal pidió 12 años de prisión contra el empresario y 10 para el exministro responsable de las obras públicas, Julio De Vido.

Se prevé que el tribunal dicte a fines de año la sentencia, que puede ser apelada ante diversas instancias y no tendrá validez hasta que no esté firme.