El youtuber e influencer uruguayo Yao Cabrera, con más de 25 millones de seguidores en redes sociales, fue detenido por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) en Córdoba para comenzar a purgar la condena a cuatro años de prisión que le impuso la Justicia al ser encontrado culpable del delito de trata de humana con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre.

La pena había sido dictada en abril del año pasado por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de San Martín, en un juicio unipersonal a cargo de la jueza Nada Flores Vega. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal general Eduardo Codesido y la auxiliar fiscal María José Meincke Patané.

Pero el influencer no fue detenido, en su momento, porque la condena no estaba firme. Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Cabrera y se ordenó su detención que se concretó el jueves pasado en Córdoba.

Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, el nombre real del youtuber, nació el 18 de febrero de 1997 en Montevideo, en Uruguay. Con sus posteos en redes sociales capitalizó una impactante cifra de seguidores: más de 25 millones, en su mayoría, chicos de entre 5 y 14 años que siguen desde hace tiempo sus andanzas, en las que hace bromas de mal gusto (incluidas simulaciones de muerte y de secuestros) y retos.

Durante los últimos años, acumuló varias causas en su contra por delitos tales como abuso sexual, corrupción de menores, parafilia y trata de personas; una de ellas la interpuso en octubre de 2020 el manager Jorge Zonzini ante el juez federal porteño Ariel Lijo. Otras las hicieron la exdiseñadora gráfica Giovanna De Mitole y los exeditores Mariano Fernández y Joaquín Apesteguía, empleados de la organización VIRAL/WIFI, que era liderada por el influencer.

La causa por la que fue condenado fue tramitada en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien le prohibió la salida del país y le impuso un millonario embargo.

Según explicó Zonzini, él y los exempleados de Cabrera presentaron en el juicio “material probatorio suficiente respecto de sistemas de multiestafas a niños vulnerables y a sus padres, abusos sexuales, corrupción y facilitación de la prostitución a menores de edad”, además de indicios de eventual “venta de estupefacientes en eventos y teatros”.

La diseñadora Giovanna De Mitole brindó testimonio en Cámara Gesell ante la Procuraduría de Trata de Personas (Protex) y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Departamento de Trata de la Policía Federal Argentina (PFA) y debió vivir en un refugio de damnificadas de trata con identidad reservada.

La mujer afirmó que “Cabrera la redujo a la servidumbre bajo las condiciones de brindarle un lugar donde vivir y comer, valiéndose de su estado de vulnerabilidad, sometiéndola a su poder y voluntad precaria, entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Pudo finalmente escapar de la ‘Mansión WIFI’, donde Yao y sus secuaces vivían y reclutaban personas, cuando su salud resultó comprometida y fue trasladada al hospital por el SAME”.

Hay una causa pendiente, que tramita ante la Justicia en Escobar por “delitos sexuales contra menores de edad, que incluye un abuso sexual” y “otros casos de venta de droga”.

La querella de la víctima De Mitole fue patrocinada por la Defensoría de Víctimas de Trata de la Provincia de Buenos Aires, a cargo la abogada Inés Jaureguiberry.

“Este mal llamado influencer purgará varios años más en prisión por las múltiples causas federales y provinciales que enfrenta”, sostuvo Zonzini tras la detención de Cabrera.

Según la sentencia, el delito por el que fue condenado Yao Cabrera ocurrió en un country de Escobar, entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020.

“El acusado sometió a la víctima a su autoridad y voluntad, a precarias condiciones laborales, otorgándole insuficientes alimentos -los que en ocasiones estaban en mal estado; todo ello bajo la promesa de abonarle dinero en carácter de salario, un lugar para habitar y comida. Para lograr su finalidad se valió de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima”, según el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal.

La víctima, según se desprende del fallo de la jueza Flores Vega, había sido contrada como editora de videos.

En su alegato, el fiscal Codesido sostuvo la víctima se encontraba en un estado de vulnerabilidad muy profundo y que había recibido la promesa de un salario, vivienda y comida.

Para el representante del Ministerio Público, Yao Cabrera sometió a la víctima a precarias condiciones laborales y afirmó que las jornadas de trabajo eran extensas -más de 12 horas- y a veces un día entero sin descanso.

En el fallo, la jueza, además, había ordenó un pago de 6,000,000 de pesos a la víctima como “reparación integral”.