El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado el miércoles en Nueva York por permitir que narcotraficantes usaran al ejército y a la policía nacional de su país para ayudar a traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El juez P. Kevin Castel sentenció a Hernández a pasar 45 años en una prisión federal y le impuso una multa de 8 millones de dólares. Un jurado lo declaró culpable en marzo en el tribunal federal de Manhattan tras un juicio de dos semanas, que fue seguido atentamente en su país de origen.

Hernández dijo ser inocente cuando se le dictó sentencia. También afirmó que fue acusado errónea e injustamente.

En una larga declaración, interrumpida varias veces por el juez que le recordó repetidamente que no era momento de volver a litigar el juicio, Hernández se presentó como un héroe del movimiento antidrogas que se asoció con las autoridades estadounidenses durante tres administraciones presidenciales de Estados Unidos para reducir las importaciones de drogas.

Pero el juez dijo que las pruebas del juicio demostraron lo contrario y que Hernández empleó “considerables habilidades de actuación” para que pareciera que era un paladín contra el narcotráfico mientras desplegaba a la policía y al ejército de su nación, cuando era necesario, para proteger el tráfico de drogas.

Castel calificó a Hernández como “un político de dos caras hambriento de poder” que protegió a un grupo selecto de traficantes.

Cuando se anunció la sentencia, Hernández, con gafas y un uniforme de prisión verde apagado, estaba junto a su abogado frente a dos alguaciles federales. Después de estrechar la mano de su abogado y girarse para señalar con la cabeza hacia la abarrotada sección de espectadores, el expresidente salió cojeando de la corte con la ayuda de un bastón y un aparato ortopédico en un pie.

La fiscalía buscaba una sentencia de cadena perpetua más 30 años.

Hernández, de 55 años, sirvió durante dos periodos como líder de la nación centroamericana, de aproximadamente 10 millones de habitantes.

Fue arrestado en su casa de Tegucigalpa, la capital hondureña, tres meses después de dejar el cargo en 2022, y fue extraditado a Estados Unidos en abril de ese año.

Los fiscales estadounidenses indicaron que Hernández trabajó con narcotraficantes desde 2004, y que recibió millones de dólares en sobornos mientras pasaba de ser un congresista rural a convertirse en presidente del Congreso Nacional, antes de asumir el máximo cargo en su país.

Hernández reconoció en un testimonio ante el tribunal que prácticamente todos los partidos políticos de Honduras recibían dinero del narcotráfico, pero negó haber recibido sobornos.

Insistió en una larga declaración, realizada por medio de un intérprete, que su juicio era injusto debido a que no se le permitió incluir pruebas que habrían hecho que el jurado lo encontrara inocente. Dijo que estaba siendo perseguido por políticos y narcotraficantes.

Afirmó que era como si lo hubieran arrojado a un río profundo con las manos atadas.

Entre los testigos en el juicio había narcotraficantes que admitieron ser responsables de decenas de asesinatos, y dijeron que Hernández era un protector entusiasta de algunos de los distribuidores de cocaína más poderosos del mundo, entre ellos, el notorio capo mexicano de la droga, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Durante sus declaraciones, el juez señaló que Guzmán dio un soborno de 1 millón de dólares en 2013 directamente al hermano de Hernández, Juan Antonio “Tony” Hernández, un excongresista hondureño que fue sentenciado a cadena perpetua en 2021 en Nueva York por cargos de drogas.

Al anunciar la sentencia, Castel habló extensamente sobre las formas en que Hernández había recibido un juicio justo y describió gran parte de las pruebas clave que surgieron en el juicio para demostrar su culpabilidad.

Castel agregó que Hernández ayudaba a los traficantes siempre que podía: “Su objetivo número uno era su propia supervivencia política”.