Bogotá. Amenazas de muerte, quemaduras con aceite caliente y fuego, heridas con armas corto punzantes y con martillos, golpes en cabeza, brazos y partes íntimas.

Estos son algunos de los presuntos actos de tortura que 18 exmilitares colombianos detenidos en Haití aseguran haber sido sometidos por la policía haitiana tras ser detenidos por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio.

Los 18 exmilitares describieron las presuntas torturas en una carta enviada a las autoridades de su país y a la que tuvo acceso The Associated Press a través de uno de los familiares, quien pidió reserva de su identidad por cuestiones de seguridad. No dio detalles de cómo recibieron la carta escrita a mano.

La carta, con fecha del 6 de septiembre, está dirigida al presidente colombiano Iván Duque, a la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el defensor del Pueblo Carlos Camargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y los medios de comunicación.

La Cancillería, la Presidencia de Colombia y Policía Nacional de Haití no respondieron de inmediato ante la solicitud de información de la AP.

“Se dirigen a ustedes los 18 colombianos detenidos en Haití, para denunciar las gravísimas violaciones sistemáticas de nuestros derechos humanos por parte del Estado haitiano, específicamente por miembros de la Policía Nacional y la Policía Judicial”, se lee en la misiva escrita a mano.

Tras el asalto a la residencia presidencial en el que también resultó gravemente herida Martine Moïse, esposa del presidente, las autoridades haitianas detuvieron a más de 40 sospechosos, 18 son colombianos y algunos policías haitianos, así como al médico Christian Emmanuel Sanon. Además informaron que tres colombianos fueron abatidos durante los operativos posteriores al homicidio.

En la carta, los colombianos detenidos aseguran que uno de los abatidos, el sargento retirado Duberney Capador Giraldo, primero resultó herido con una esquirla de una granada que quedó alojada en su cadera y asistido por un enfermero, sin embargo, indican que “posteriormente fue torturado y asesinado con tiro de gracia por miembro de la Policía Nacional de Haití”.

Los exmilitares, actualmente detenidos en la Penitenciaría Nacional de Haití, indican en la carta que recibieron malos tratos durante la captura pese a que no opusieron resistencia y su posterior detención en una celda de una estación de policía. En algunos casos señalan que la misma policía los habría “lanzado a la población civil para su linchamiento” antes de conducirlos a la estación de policía.

Según la misiva, el exmilitar Manuel Antonio Grosso fue capturado “sin armamento” y una vez en las instalaciones policiales fue “torturado, golpeado innumerables veces en los testículos, costillas y estómago. Sus testículos fueron quemados con un aerosol y un encendedor, fue tirado al piso y golpeado en la cara”.

Además, indican en la carta que al menos cinco detenidos fueron amenazados de muerte por los policías haitianos. Se trataría de Jhon Jairo Suárez Alegría, Germán Alejandro Rivera García, Jheymer Alberto Carmona, Víctor Albeiro Pineda Carmona, Alejandro Giraldo Zapata.

“Fue amenazado con una muerte lenta y dolorosa, ya que según la policía judicial en Haití no existen los derechos humanos”, se indica en la carta sobre el caso de Pineda Carmona.

La Oficina Integrada de la ONU en Haití señaló en un informe publicado en junio de este año que en las cárceles de ese país la mayoría de los reos están confinados en “condiciones inhumanas” y todavía no ha sido sentenciados. Varios informes más de Naciones Unidas han advertido sobre torturas y malos tratos en los centros penitenciarios.

La denuncia indica que los detenidos heridos no fueron debidamente atendidos por médicos. En el caso de Jhon Jairo Ramírez Gómez, aseguran que “su pie derecho fue quemado con aceite caliente generándole una quemadura de tercer grado” y luego ante la falta de una revisión médica, su pie “se infectó gravemente”.

La falta de atención médica oportuna también fue denunciada por la Defensoría del Pueblo de Colombia, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos, tras una visita a las cárceles realizada el 26 de julio. En dicho informe advirtieron que tres de los detenidos tenían “lesiones de consideración que, por su apariencia, deberían ser tratadas en un establecimiento médico especializado”. La entidad también señaló que los detenidos permanecían esposados por 24 horas y no recibían suficiente alimento y agua.

Tanto la Defensoría del Pueblo como la Cancillería y los familiares han advertido que los detenidos no cuentan con ninguna clase de asistencia jurídica para ejercer su defensa en Haití, pese a que ya fueron trasladados a la cárcel.

Los secretarios judiciales que investigan el caso han sido amenazados de muerte como presión para cambiar ciertos nombres y declaraciones en sus informes, por lo que se han ocultado. Además, un juez haitiano asignado para supervisar la investigación renunció el mes pasado debido a razones personales. Esto ocurrió después de que uno de sus asistentes muriera en circunstancias poco claras. Fue asignado un nuevo juez, pero los exmilitares colombianos aún no han comparecido ante el tribunal.

Aún continúa prófugo de la justicia uno de los principales sospechosos: Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, quien ha sido señalado por la policía colombiana como quien habría ordenado asesinar a Moïse.

En declaraciones en audio conocidas por Noticias Caracol, un medio colombiano, y divulgadas el 18 de agosto, cuatro exmilitares detenidos habrían confesado que les ordenaron asesinar al presidente y también señalaron a Badio.

“Mike (como llaman a Germán Rivera) sí dijo que tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías, mejor dicho, si había hasta mascota matar la mascota, que no podía haber ningún testigo… sí nos lo dijeron, que era orden de captura, sí, pero Mike nos dijo que tocaba sí pelar (matar) al presidente”, indicó en uno de los audios otra persona, que según Caracol es el exmilitar Jheyner Carmona Flórez.

El presidente Duque ha dicho a la prensa que la mayoría de los exmilitares fueron engañados para viajar a Haití y cumplir una supuesta misión de protección y solo un grupo reducido tenía conocimiento de que perpetrarían un plan criminal.

Las autoridades colombianas también han señalado que los exmilitares colombianos, altamente capacitados, fueron contratados por al menos cinco empresas de seguridad, una de ellas CTU Security, que ahora es investigada.

En la carta los exmilitares aseguran que las declaraciones dadas a la policía judicial fueron “bajo tortura, y coacción, sin abogado presente”. Además, señalan que firmaron declaraciones que ya habrían estado listas antes de las entrevistas por parte de las autoridades, sin saber su contenido. Piden, por último, un “auxilio humanitario” y una comisión de verificación sobre las denuncias que hacen.