Lima. La orden para excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos 25 asesinatos, reavivó las posturas irritadas entre sus críticos y seguidores, pero también los comentarios de la ONU y la OEA.

El rechazo gubernamental a la decisión del Tribunal Constitucional llegó al punto de que el viernes, el primer ministro Aníbal Torres comparó a Fujimori con el dictador nazi Adolfo Hitler. En cambio, para los seguidores del exmandatario peruano, Fujimori es un “héroe” y “pacificador del país”.

En una reunión pública con alcaldes de los Andes, Torres dijo que nadie es juzgado por los tribunales “por sus buenas obras; se les juzga por las malas obras”. Añadió, “¿no fue Hitler el que convirtió en potencia mundial a Alemania? Fue él. Pero después fue condenado no solamente por los alemanes, sino por todo el mundo por los grandes crímenes que cometió”.

“¿Cómo es que podemos tolerar a quien permitió que, por ejemplo, se secuestren a los estudiantes de La Cantuta, que se maltrate a esos estudiantes, que se los queme, que se los descuartice, y que se los entierre clandestinamente?”, indicó el primer ministro a los alcaldes.

Luego indicó, “¿Te gustaría que a tu hija o hijo le hagan eso? ¿Porque son hijos ajenos te puedes quedar tranquilo, te puedes quedar tranquila? Diciendo: ¡Ah!, pero ése (Fujimori) hizo mucho bien al Perú, hay que reconocerle sus buenas obras”.

El presidente Pedro Castillo recibió a un grupo de familiares de asesinados por un escuadrón militar clandestino apoyado por Fujimori, por cuyas muertes fue sentenciado a 25 años de cárcel.

Aunque la decisión es inapelable a nivel local, en la víspera el viceministro de Justicia, Juan Millones, dijo que el gobierno irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para “lograr revertir” el fallo ordenado por el Tribunal Constitucional, porque “los asesinos y corruptos no deben ser favorecidos con ningún tipo de fallo que les permita egresar de ningún establecimiento penal”.

Keiko Fujimori, hija del exmandatario y líder de un partido opositor, dijo el viernes antes de ingresar a la cárcel donde aún está su padre que su apellido genera polémica pero que recibía el fallo “con profunda gratitud a Dios, porque como ustedes saben mi padre es un hombre mayor y enfermo”.

El Tribunal Constitucional aprobó en la víspera un recurso que revivió un polémico indulto humanitario otorgado a Fujimori horas antes de la Navidad de 2017 por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. El indulto de 2017 fue anulado en 2018 por la Corte Suprema debido a una orden de la CorteIDH, el máximo tribunal en derechos humanos de Latinoamérica.

La orden para liberar a Fujimori provocó el jueves protestas en las principales ciudades de Perú, además de una marcha de cientos por las calles de Lima. Los manifestantes llevaban carteles con frases como “Tribunal Constitucional corrupto” o “Fujimori asesino y ladrón”.

Pero un grupo de simpatizantes del exmandatario se reunieron frente a la cárcel donde está preso con retratos y banderas peruanas. “Vivimos agradecidos por devolvernos la paz, Fujimori eres nuestro héroe”, dijo Iris Chávez, quien sostenía un cartel con la frase “Fujimori Libertad”.

El legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, exministro de Salud de Fujimori, comentó a la radio local RPP que a muchos les “duele reconocer que ese señor de 84 años que viene purgando prisión, pacificó el país, ese señor puso las bases del desarrollo económico que hoy disfruta el país”.

La decisión del Tribunal Constitucional también provocó comentarios de desaprobación de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

La Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que debe respetarse los derechos de las víctimas a la justicia y el estado de derecho. Añadió que el derecho internacional “restringe amnistías o indultos en casos de graves violaciones de derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo el viernes que la decisión del Tribunal Constitucional “afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la CorteIDH” en los casos de los 25 asesinatos por los que Fujimori fue sentenciado como autor intelectual en 2009.

Expertos de diversas tendencias en Perú coincidieron en que la decisión del Tribunal Constitucional peruano puede ser revertida por la CorteIDH debido a que Perú aceptó hace 40 años su competencia contenciosa y debe obedecer sus decisiones.

Por ahora, Fujimori podrá salir libre. Su abogado, César Nakazaki, estimó que su excarcelación podría ocurrir entre el lunes o martes de la próxima semana.

Fujimori fue condenado por su autoría mediata en dos matanzas ejecutadas en 1991 y 1992 por militares de un grupo clandestino que aplicaba métodos de la guerra sucia para combatir el terrorismo de Sendero Luminoso. El grupo militar, llamado Colina, funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y recibía financiamiento público.

La próxima liberación de Fujimori -que gobernó entre 1990 y 2000- no lo excluye de otro juicio en el que está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de seis campesinos de una localidad llamada Pativilca que fueron ejecutados por el mismo grupo clandestino de militares.

La justicia ha calculado que el grupo militar mató a alrededor de 53 civiles durante el gobierno de Fujimori, incluyendo a una de sus agentes, a quien descuartizaron y decapitaron por sospechar que filtraba datos a la prensa. También mataron a un periodista opositor.