Miles de estudiantes se volvieron a manifestar hoy de manera pacífica en las calles de Caracas y otras ciudades del país en una jornada en la que exigieron la liberación de los detenidos, 25 de ellos liberados según la Fiscalía mientras 74 permanecen a la espera de ser presentados en horas a la Justicia.

En la capital venezolana, un nutrido grupo de estudiantes se concentró desde primeras horas de la mañana de este viernes en la Plaza Altamira, en el este de la ciudad, para posteriormente, en la tarde, dirigirse a la representación diplomática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para entregar una carta.

En el documento, según medios locales, los estudiantes piden la liberación de todos los presos y el cese de la represión, así como la anulación de los juicios abiertos.

Los jóvenes piden que "se conozca a nivel internacional que hubo torturas de las más bárbaras" y reclaman "justicia contra quienes ordenaron y cometieron tales delitos".

Además piden una Comisión de la Verdad sobre lo ocurrido el día 12 de febrero y respeto al derecho a la protesta pacífica, entre otros puntos.

La entrega de la carta puso punto final a la manifestación que de nuevo se desarrolló en Caracas después de que el pasado miércoles una marcha pacífica contra el Gobierno de Nicolás Maduro finalizara con duros enfrentamientos que dejaron tres muertos más de sesenta heridos y decenas de detenidos.

La Fiscalía venezolana confirmó este viernes que 99 personas fueran aprehendidas como consecuencia

de incidentes, de los que 25 ya han sido liberados y los otros 74 serán presentados ante la Justicia en las próximas horas.

"Vale mencionar que de esas 25 personas, a 21 se les otorgó medidas cautelares de presentación periódica ante la instancia judicial; mientras que las otras cuatro admitieron su responsabilidad en el hecho y se acordó la suspensión condicional del proceso", indicó la Fiscalía.

Entre los liberados figuran cuatro de los cinco jóvenes que habían sido detenidos la pasada semana por su presunta participación en un ataque a la residencia del gobernador del estado Táchira (oeste), José Vielma.

El Ministerio Público indicó que se dictaron medidas cautelares de presentación para los cuatro y que el tribunal desestimó hacerlo con el quinto por "los elementos de interés criminalístico recabados al momento de su aprehensión".

Mientras tanto el Gobierno continuó hoy con las acusaciones contra los medios internacionales.

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, aseguró que el "aparato propagandístico del mundo" se ha unido para atacar a su país y que los medios internacionales tratan de tergiversar los hechos de violencia que se produjeron el pasado miércoles para culpar al Gobierno.

"Nuevamente el pueblo venezolano enfrenta una arremetida fascista", dijo Jaua y señaló que "ni todo el aparato propagandístico del mundo que está ahorita unido como una sola fuerza para atacar a Venezuela, liderizada por las principales cadenas de los medios internacionales", podrá derrotar la voluntad de paz del país.

Jaua dijo que "se quiere tergiversar hasta tal punto la realidad que se pretende decir que la violencia ha sido fomentada por el propio Gobierno para justificar la represión".

Por su parte, la Alianza Bolivariana, de la que forma parte Venezuela, expresó su "más firme" apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro tras los incidentes que el pasado miércoles dejaron tres muertos, algo que consideró parte de una estrategia de la derecha internacional para "desestabilizar" y generar una ruptura del orden constitucional.

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pidió también la liberación de los detenidos y el desarme de "grupos ilegales armados", al tiempo que exigió que cesen los señalamientos "infundados" contra opositores.

"Libertad para los detenidos es el primer paso para la paz en Venezuela", dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, en rueda de prensa en la que destacó que la alianza opositora también exige "el desarme de los denominados colectivos".

Aveledo indicó que esos "grupos ilegales armados", asociados con el oficialismo, tienen una "organización paramilitar" y poseen armamento de guerra.

También el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), Diego Padrón, se pronunció sobre los hechos de violencia señalando que el Gobierno debe controlar y desarmar a los "grupos violentos".