Con el fin de combatir la obesidad infantil en México, el estado de Oaxaca prohibió en la víspera la venta de bebidas azucaradas y de alimentos de alto contenido calórico a menores de edad, una medida que desde su aprobación y hasta el jueves se ha topado una fuerte oposición entre el sector empresarial que se opone a la nueva regulación.

Con 31 votos a favor, el congreso de ese estado localizado en el sureste del país aprobó una adición al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca que llevaba un año en análisis.

La modificación prohíbe la venta de productos conocidos como chatarra, entre ellos chocolates, pan, confitería y refrescos, a menores de 18 años, quienes sólo podrán tener acceso a esos productos si van acompañados por un adulto que autorice la compra. También queda prohibida la instalación de máquinas expendedoras de golosinas y refrescos, y la venta de los productos en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior.

Se trata del primer estado en México en tomar una medida así para regular la venta de esos productos.

Antes de que entre en efecto la nueva ley debe ser promulgada por el gobierno del estado que encabeza Alejandro Murat, quien hasta ahora no ha dado un pronunciamiento sobre la modificación a la ley.

“En Oaxaca tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Lo que prohibimos es la distribución, venta, regalo y suministro de alimentos con altos contenidos calóricos y de azúcar para menores de edad”, dijo a la cadena MVS la diputada Magaly López Domínguez. “La libertad será de los padres de familia; serán ellos los que decidan qué productos compran para el consumo de sus hijos”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) había advertido que la obesidad infantil en México es una emergencia de salud pública porque es el país con el mayor consumidor en América Latina de productos ultra procesados, incluidas las bebidas azucaradas.

De acuerdo con el organismo, las tasas más altas de este consumo se encuentran entre los niños en edad preescolar que comen alrededor del 40% de sus calorías de esta manera y afirmó que un tercio de los niños y adolescentes mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) reveló que la obesidad y el sobrepeso aumentaron de 71.3% en 2012 a 75.2%, en 2018.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Oaxaca, unos cinco mil niñas y niños menores de 10 años la padecen.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que mide la pobreza en México, tiene considerado a Oaxaca como uno de los estados más pobres del país junto con Guerrero y Chiapas, todos con un total de su población de entre 65% y 80% en esa condición.

Entre los grupos que se oponen a la nueva ley se encuentra la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que la consideró como “verdadero atentado contra el pequeño comercio en México”.

El organismo calcula que unos 58 mil pequeños comercios verán caer sus ventas y otros serán obligados a cerrar.

“Es lamentable que los oaxaqueños sean condenados a este escenario de prohibición. Históricamente está demostrado que este método en lugar de aminorar el consumo lo incrementa. La prohibición promueve la informalidad, ilegalidad, evasión, nulo control sanitario, mayor riesgo de salud, extorsión, corrupción, desabasto y especulación”, dijo en un comunicado, Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Otros grupos de empresarios como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (CONMEXICO), donde se encuentran las marcas de Bimbo y Coca Cola, emitieron un comunicado conjunto en el que se oponen a la nueva ley.

“Esta decisión será de alto impacto económico a toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, sector primordial en el Estado y afectando también productores artesanales y pequeños comercios a lo largo del territorio oaxaqueño”, dijeron en un comunicado.

El último grupo en lamentar la votación fue el Consejo Coordinador Empresarial, que el jueves expresó su preocupación por la ley y pidió que se abra un dialogo para “no afectar el sustento de millones de familias que laboran en las cadenas de producción alimentaria y su comercialización”.