CIUDAD DE MÉXICO. Una niña de 7 años cuyo brutal asesinato ha generado una enorme indignación a nivel nacional, fue enterrada el martes mientras las autoridades de la Ciudad de México se comprometieron a imponer medidas más estrictas para la salida de los niños en escuelas públicas.

Fátima, a quien se le ve en un video saliendo de la escuela el 11 de febrero junto a una mujer que no era su madre y cuyo cuerpo fue localizado días después envuelto en una bolsa de plástico, fue enterrada frente a sus familiares y vecinos en el sur de la capital mexicana.

Su procesión fúnebre hizo una pausa a las afueras de la escuela de donde fue secuestrada. El edificio estaba cubierto de letreros que exigen justicia — “ni una más, ya basta” — y uno que pide a los padres de familia que recojan puntualmente a sus hijos a las 12:30 “para prevenir incidentes”.

Se guardó un minuto de silencio y posteriormente la multitud comenzó a corear su nombre. Una de las personas que cargaba el féretro, gritó: “¡Al rato puede ser uno de tus hijos! ¡Despierta pueblo!”.

Los dolientes pidieron que saliera el director de la escuela, pero un maestro salió a decir que el director no estaba disponible, por lo que la procesión continuó su marcha.

En la capital mexicana, incluso los estudiantes de primaria a menudo abandonan las instalaciones al término de las clases para reunirse con sus padres que los esperan afuera, pero ha habido pocos controles para garantizar que alguien autorizado los esté esperando.

Eso, aparentemente, es lo que le ocurrió a Fátima, quien se fue con la mujer. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que la niña “la reconoció y por eso la dejaron ir con ella”.

Su cuerpo fue abandonado en una zona rural el sábado. De conformidad con la ley, los fiscales no dan a conocer los nombres completos de las víctimas.

Humberto Fernández, el director del sistema educativo de la ciudad, dijo que actualmente existe una regla poco utilizada que requiere que los padres de familia o la persona designada para recoger al menor se presenten en un lapso de 20 minutos después del término de las clases, o los niños serán llevados a la fiscalía.

Fernández comentó que la regla se implementaba muy pocas veces debido a que los niños sólo eran admitidos en una fiscalía ubicada en el centro de una ciudad de 9 millones de habitantes. Añadió que ahora, todas las fiscalías de las 16 demarcaciones de la ciudad recibirán a los menores y que las patrullas de la policía se verán obligadas a ayudar a las autoridades escolares a llevarlos ahí.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum señaló que las autoridades emitirían Alertas Amber y comenzarán a buscar a los niños tan pronto como sean reportados como desaparecidos por un familiar o un profesor. Las autoridades perdieron todo un día de búsqueda en el caso de Fátima debido a que esperaron a que se abriera un archivo formal de un caso de persona desaparecida.

Familiares y vecinos llenaron el martes una avenida en el distrito sureño de Tláhuac para una misa que se llevó a cabo bajo una enorme carpa amarilla que colgaba de techo a techo.

El sacerdote que ofició el servicio religioso leyó un mensaje del obispo Andrés Vargas Peña en el que reconoció la indignación e hizo un llamado a los presentes a no acostumbrarse a la atmósfera delictiva que se percibe a diario.

Los dolientes comieron un platillo local llamado romeritos, en mesas de plástico colocadas sobre la calle a las afueras de la vivienda de la víctima. Sobre la acera se colocaron veladoras con el nombre de la niña.

Marisol Mercado Ángeles, un ama de casa de 33 años, sostenía una sombrilla para protegerse de los rayos del sol.

“Estamos sin palabras”, dijo la madre cuyos hijos asisten a la misma escuela que Fátima. “Es algo tan difícil como doloroso”.

“No hay seguridad en la escuela”, continuó Mercado. “Yo creo que sí es responsable la escuela”.

La cámara baja del Congreso de México guardó un minuto de silencio por Fátima, cuyo caso ha desatado indignación en la opinión pública.

De momento, no se ha revelado la causa de la muerte. Cinco personas han sido interrogadas y se mostró en televisión una grabación de su secuestro.

Guillermo Antón Godínez, el abuelo de 65 años de la menor, dijo el lunes que su hija, la madre de Fátima, llegó a la escuela unos 15 o 20 minutos después de que la mujer se llevó a la niña.

El martes, dijo que la escuela fue negligente y que sabe de casos ocurridos el año pasado en que se llamó a la policía para que recogiera a niños cuyos padres se habían demorado.

“La tacañería de no gastar 5 pesos para pedir una patrulla”, declaró. “¿Mañana quién va a ser?”

Dijo que debería haber policías en la escuela a la hora de entrada y de salida.

Dijo que no reconoció el retrato hablado que difundieron las autoridades sobre la mujer que se llevó a la niña de la escuela, pero estaba seguro que la mujer no pertenece a la comunidad.

“Aquí nos conocemos”, comentó.

El portavoz de la fiscalía Ulises Lara ofreció una recompensa de 2 millones de pesos (alrededor de 100,000 dólares) por información sobre la persona que se llevó a la niña de la escuela.

El secuestro y el asesinato de Fátima ocurrieron apenas días después de que Ingrid Escamilla, una joven de la Ciudad de México, fuera asesinada supuestamente por su pareja.

El hombre, quien ya fue arrestado y supuestamente confesó haber matado a Escamilla con un cuchillo, mutilándola y deshaciéndose de parte del cadáver arrojándolo por una alcantarilla.

La capital mexicana ha registrado una serie de manifestaciones en contra de los feminicidios durante los últimos meses, incluyendo varias en las que las manifestantes han vandalizado monumentos y edificios.

Las muertes han resultado ser un complicado asunto político para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en ocasiones se ha quejado de que las protestas sobre los feminicidios son intentos por distraer la atención de sus programas sociales.