CIUDAD DEL VATICANO— Aunque el papa Francisco ha tomado medidas para resolver un escándalo de abuso sexual en Chile, no ha actuado en un problema más cercano a él, en Ciudad del Vaticano. Este territorio con rango de Estado independiente no cuenta con políticas para proteger a los menores de sacerdotes pederastas ni requiere que cualquier presunto abuso sea denunciado a la policía.

Siete años después de que el Vaticano ordenó a todas las conferencias episcopales del mundo elaborar directrices para evitar tales abusos, atender a las víctimas, castigar a los infractores y mantener alejados a los pederastas del sacerdocio, la propia sede de la Iglesia católica no tiene una política como esa.

La brecha entre la "tolerancia cero" a los abusos prometida por Francisco es sorprendente, después de que la Santa Sede afirmó hace cinco años a Naciones Unidas que estaba elaborando un "programa de entorno protegido" para los menores dentro de la Ciudad del Vaticano.

Cuando se le preguntó sobre las prometidas políticas para la defensa de los menores, el secretario general del Estado Vaticano, monseñor Fernando Vérgez, dijo a The Associated Press que no podía responder eso "dado que sigue en curso un estudio y una constatación del programa".

Lo que sí hizo el papa Francisco fue actualizar en 2013 el código legal del Vaticano para penalizar la violencia sexual contra niños y el mes pasado el tribunal del Vaticano sentenció a un exdiplomático por posesión y distribución de pornografía infantil.

Uno podría argumentar que, bajo la nueva ley, un programa de entorno protegido es innecesario en una ciudad donde apenas un puñado de niños vive a tiempo completo.

Sin embargo, hay miles de niños caminando por el Vaticano a diario, visitando museos o asistiendo a las audiencias papales y a las misas o visitando la Plaza de San Pedro y la basílica del mismo nombre.

Además, las autoridades de la Ciudad del Vaticano no tendrían que ir muy lejos para pedir ayuda en la elaboración de una política de ese tipo. La propia Pontificia Comisión para la Protección de Menores, creada para atender los casos de abuso sexual, creó un modelo para políticas de ese tipo en el sitio web del Vaticano.

La ausencia de una política clara se hizo evidente a fines del año pasado, luego de que se dio a conocer que un adolescente del seminario juvenil del Vaticano acusó en 2012 a uno de los jóvenes mayores de agresión sexual contra su compañero de habitación.

No hubo repercusiones de la acusación. Nunca se le pidió a la policía del Vaticano, que tiene la jurisdicción sobre el territorio, abrir una investigación. Varios obispos _incluido el cardenal Angelo Comastri, vicario de Francisco para Roma y el arcipreste de la Basílica de San Pedro_ dijeron que investigaron, pero ninguno entrevistó a la presunta víctima.

El estudiante que presentó la denuncia, Kamil Jarzembowski, fue expulsado rápidamente del seminario mientras que el seminarista acusado fue ordenado sacerdote el año pasado.

The Associated Press se enteró que desde entonces la víctima interpuso una querella ante el tribunal penal del Vaticano y que las autoridades eclesiásticas italianas abrieron una investigación canónica al sacerdote recién ordenado.

Dichas acciones ocurrieron luego de que los periodistas italianos Gaetano Pecoraro y Gianluigi Nuzzi expusieron el escándalo el año pasado, lo que provocó que el Vaticano reabriera el caso. En sus reportes, salieron a la luz el caso de Jarzembowski, incluidas todas las cartas que envió a las autoridades eclesiásticas, a los funcionarios del Vaticano y al papa.