San Salvador. El Congreso salvadoreño aprobó el domingo la 34ta prórroga al régimen de excepción vigente desde 2022, una de las políticas de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.

El gabinete de Seguridad del gobierno de Bukele —que informó que, desde que entró en vigor la medida, han capturado a más de 83,900 presuntos pandilleros o colaboradores de estos grupos criminales— sostuvo que es necesaria su continuidad debido a la “existencia de grupos terroristas, que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.

El estado de excepción regirá otros 30 días, hasta el 4 de febrero, dada la última aprobación con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso, controlado por el partido Nuevas Ideas de Bukele. Los tres legisladores de oposición nuevamente negaron sus votos para la aprobación: los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron, y la diputada del partido VAMOS votó en contra.

En 2015, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, y a cualquier otra pandilla u organización criminal —y a quienes las apoyen o financien— por atentar contra la vida, seguridad e integridad de la población y de las autoridades civiles y militares.

Según cifras oficiales, El Salvador cerró 2024 con un número mínimo récord de 114 homicidios, y en el mes de diciembre sólo registró un asesinato, ante lo cual Bukele aseguró que ahora es el país más seguro del hemisferio occidental.

El Ministerio Público dio a conocer que en el año hubo 114 asesinatos en el país, un promedio diario de 0.3. Las cifras oficiales no toman en cuenta a cinco presuntos pandilleros que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas.

“El Salvador cierra el 2024 con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, consolidándose, indiscutiblemente, como el país más seguro del hemisferio occidental, después de haber sido el país más inseguro del mundo”, publicó Bukele en la red social X.

En 2015, la nación centroamericana registró 6,656 asesinatos y una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Ese año fue uno de los más violentos en la historia del país, y el más violento desde el fin de la guerra civil.

Activas por más de tres décadas, las pandillas operaban en el 90% del territorio, impartían su propia justicia y recaudaban casi dos mil millones de dólares en extorsiones.

El régimen de excepción suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

Dentro de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito el pertenecer a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

Desde que entró en vigor el régimen de excepción, después que en un solo día las pandillas asesinaron a 62 personas en todo el país, las autoridades dicen haber capturado más 83,900 acusados de pertenecer o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8,000 inocentes han sido liberados.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado más de 6,000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción, y dicen haber documentado que 354 personas han muerto bajo custodia de las autoridades.

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) publicó una correspondencia del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en la que dio trámite a una petición de liberar a 150 personas que alegan fueron detenidas arbitrariamente.

MOVIR indicó que se presentaron arraigos para “150 víctimas capturadas arbitrariamente por el régimen de excepción, que contienen pruebas de su inocencia”. La documentación se entregó el 18 de diciembre a la Presidencia de la República y recibió respuesta el 3 de enero de 2025.